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La cartera fiscal buscará tener para esta semana las conclusiones jurídicas y técnicas para determinar si se promulga o se veta el presupuesto 2017, que fue sancionado por el Congreso con un recorte a la emisión de bonos y tope a la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP).
El presupuesto asciende a G. 67,4 billones (US$ 11.702 millones), lo que representa 2,5% menos que el proyecto que había presentado originalmente el Ejecutivo y 0,3% menos con relación al presupuesto 2016.
El gasto público equivale al 40,5% del producto interno bruto (PIB) estimado para el año venidero, además debido a los aumentos salariales sin financiamiento tiene un déficit fiscal de 1,7% (US$ 486,1 millones), nivel que está por encima del tope de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Las versiones apuntan a que el Ejecutivo tiene interés en aplicar un veto total, pero los técnicos consideran que esto podría complicar la ejecución de los gastos porque entrará a regir el presupuesto vigente, que ya está desfasado en muchos aspectos.
La recomendación técnica más bien iría en promulgar y solicitar ya en enero una ampliación presupuestaria para pagar la deuda, asimismo recurrir a la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad del artículo 223, que establece tope a la política monetaria del BCP.
A la par de esta revisión jurídica y financiera, Hacienda también está previendo que el presente ejercicio cerrará con una deuda flotante de más de G. 1,5 billones (US$ 260,4 millones).
La deuda flotante es la suma de compromisos asumidos por las instituciones públicas que no fueron cancelados al 31 de diciembre, incluye inversiones en obras, servicios personales y no personales, bienes de consumos, insumos y otros.
La idea de las autoridades de la cartera es pagar esta deuda total ya en enero, aunque el plazo máximo sea el 28 de febrero. Para ello no se descarta solicitar al BCP un adelanto de corto plazo.