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En la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) entregaron a la empresa unipersonal de Felipe Giménez Miranda más de G. 720 millones, que estaban presupuestados como un subsidio de almuerzo para los funcionarios. Vale decir, en lugar de depositar en la cuenta de los trabajadores como parte de sus haberes, la administración del ente utilizó ese fondo para contratar a una compañía, aparentemente ligada a Palacios, para que sea esta la que preste el servicio del comedor.
De acuerdo con los datos, el dueño de la firma en cuestión es hermano del jefe de la Unidad de Rendición de Cuentas de la institución, Ramón Daniel Giménez Miranda. Las irregularidades saltaron a la luz recientemente, cuando un audio que atribuyen a Felipe Giménez, y en el que se escuchan los detalles de la operación, se viralizó dentro de la Conatel. En el audio se hace referencia a que este “negocio” es en realidad de Palacios.
El caso empezó en julio del año pasado. Los documentos a los que accedió este diario indican que los desembolsos se realizaban semanalmente, con depósitos de G. 15 millones en cada ocasión, a favor de Giménez. Los primeros pagos se hicieron de forma directa (ver facsímil) y, posteriormente, a través de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Conatel (Afecon), que después de esos pagos actuó de intermediaria, firmó contrato con la empresa en cuestión, pero quien pagaba seguía siendo la Conatel.
Considerando la legislación vigente, si la institución pública quisiera brindar un servicio de almuerzo a sus funcionarios tendría que convocar a una licitación, concurso de precios o algún proceso previsto en la Ley 2051, de Contrataciones Públicas, para poder operar con una empresa que le provea lo que precisa. Eso sería posible si utilizaran el rubro de gasto correspondiente a ese tipo de contratación.
En este caso, sin embargo, el objeto de gasto era distinto. Lo que hubo fue la disposición del directorio de la Conatel de pagar un subsidio de alimento a cada funcionario, equivalente a G. 10.000 por persona por día, que luego aumentó a G. 15.000, según los datos.
En ese sentido, considerando el concepto de “subsidio”, establecido en el Decreto N° 4774 reglamentario de la Ley 5554 de Presupuesto, ese monto debió haberse depositado periódicamente a favor de los trabajadores, como un plus a sus salarios, y no contratar directamente a una empresa amiga, como lo hicieron.
Además, de acuerdo con el mismo decreto, solo se debería pagar a funcionarios nombrados y presupuestados en el anexo de personal, así como a comisionados a otros entes, toda vez que no cobren el mismo concepto en esas instituciones, pero en Conatel el “subsidio” aplicado como contrato directo a una empresa fue para nombrados, comisionados, contratados y hasta pasantes.