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El pasado 21 de octubre, la Fiscalía General del Estado remitió la nota Nº 556/15 al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El referido documento, firmado por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, guarda relación con la gestión de la fiscala Arminda Rivas de Monges en el denominado caso Sarubbi.
La agente fiscal Arminda Rivas de Monges es responsable de la unidad penal Nº 4, con sede en la fiscalía regional de Ciudad del Este. La fiscala se encuentra bajo investigación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Arminda Rivas de Monges planteó una imputación contra Higinio Benítez, Aurelia Nicolaus de Benítez y sus hijos Claudia y Fernando por supuesta responsabilidad en el delito de producción de documentos públicos de contenido falso. La denuncia fue presentada por Enrique Sarubbi.
El supuesto delito se habría cometido en el año 1992. En ese momento, Claudia y Fernando Benítez Nicolaus tenían 11 y 9 años, respectivamente. No podían ser imputados siendo menores de edad, y eso sumado a que el delito (si llegó a cometerse) prescribió.
A pesar de ello, la citada fiscala Arminda Rivas de Monges pidió la imputación así como una imposición de medidas alternativas para no enviar a prisión a los acusados del supuesto delito de falsificación.
El informe fiscal
El informe entregado por el Fiscalía General del Estado fue redactado por la Dirección de Control de la Gestión Fiscal, a cargo del fiscal Jorge Lebedich, y el Departamento de Control Específico, responsabilidad de la abogada Wilma Benítez de Benzo.
Un primer informe fue redactado exclusivamente por el fiscal Jorge Lebedich. El documento puede ser considerado como un vergonzoso intento de salvar a la fiscala Arminda Rivas de Monges, en este caso de la investigación del Jurado de Enjuiciamiento.
Con posterioridad, el 23 de setiembre último, el fiscal general del Estado ordenó una nueva auditoría de gestión. Ambos documentos fueron remitidos al jurado, lo que abre la oportunidad de investigar también al fiscal Lebedich.
Un proceso apresurado
En el segundo informe, el Ministerio Público confirma al Jurado de Enjuiciamiento que “en lo que respecta a la actividad investigativa que desplegó la agente fiscal Arminda Rivas de Monges, antes de impulsar un proceso penal, la misma se basó única e innegablemente” en la denuncia presentada por Enrique Sarubbi.
Agrega que “es evidente que los documentos agregados no fueron analizados de manera estricta, debida y previa a la imputación contra los señores Higinio Benítez Arrúa, Aurelia Nicolaus de Benítez, Claudia Benítez Nicolaus y Fernando Benítez Nicolaus”.
Concluye que “esta Dirección de Control de la Gestión Fiscal determina que la agente fiscal Arminda Rivas de Monges impulsó el proceso penal apresurada y parcialmente, ya que se considera que la objetividad como principio debe enmarcar toda investigación fiscal. No analizó el artículo 102 del Código Penal referente a la prescripción de los hechos punibles”.
El informe del Ministerio Público no deja dudas de la responsabilidad de la fiscala Rivas de Monges en plantear una imputación falsa.
De todo esto, se puede concluir con mucha claridad que en forma paralela la fiscala Arminda Rivas de Monges inició una investigación penal contra los Benítez Nicolaus teniendo como único elemento de investigación la denuncia presentada por la parte interesada, es decir Sarubbi.
El informe del Ministerio Público refleja un montaje al solo efecto de entregar el inmueble a Enrique Sarubbi. La finca está valuada en ocho millones de dólares.
Detalles iniciales del proceso
Enrique Sarubbi demandó a su suegro muerto en junio de 2000. En el año 2013 el juez Manuel Saifildin Stanley declaró culpable al finado Francisco Feliciano Duarte por no cumplir un contrato de venta de inmueble con Sarubbi.
El título de propiedad judicial se extendió sobre la finca 483, pero Sarubbi ingresó en la finca 531, propiedad de HB Inmobiliaria SA, cuyo socio mayoritario es Higinio Benítez Arrúa. La jueza Máxima Meza, procesada por el Jurado de Enjuiciamiento en el mismo caso, ordenó el desalojo de los legítimos propietarios y entregó la posesión de la finca a Enrique Sarubbi. El inmueble ocupa 20 hectáreas y se encuentra ubicado en Minga Guazú, Alto Paraná.
roque@abc.com.py