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“Para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) llegó el momento de forzar un cambio radical en el funcionamiento del Poder Judicial y la Fiscalía en su relación con los poderes del Estado y de otros poderes fácticos”, expresa un manifiesto de dicho sector empresarial.
Añade que desde hace tiempo se espera que surja algún liderazgo político para impulsar el cambio, pero nada ha ocurrido.
“El sometimiento del Poder Judicial a otros poderes condena al país a la falta de institucionalidad y al atraso económico-social y se convierte en un ancla que impide el progreso y bienestar de los ciudadanos”, asevera.
Señala que los audios que se hicieron públicos recientemente no son una novedad para aquellos que sufrieron en carne propia los rigores de situaciones similares, y lo que ya era vox populi estalló en los días previos a las Internas.
“Para la CNCSP ya no es posible esperar que la iniciativa del cambio surja de los líderes políticos. Con la convicción de que solo con la reacción masiva de repudio y presión ciudadana será posible dar un final al sometimiento de la Justicia a otros poderes y construir una institución independiente que nos asegure justicia de calidad para todos”, enfatiza en su nota.
Se sostiene también que si el Poder Judicial se corrompe, todos y sin excepción quedamos librados a nuestra suerte, dejándonos como recurso la “justicia por mano propia”, o como en nuestro caso “justicia que hay que comprar o recurrir a algún amigo poderoso”. El citado gremio propone que la ciudadanía empuje el cambio definitivo en las instituciones para que la justicia sea pronta y barata.
Manifiesto de la CAP
Por otra parte, la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), presidida por Carlos Jorge Biedermann, solicita, respecto a las divulgaciones de grabaciones, la investigación de los hechos y el castigo por parte de las autoridades correspondientes.
“Las divulgaciones ponen en clara evidencia la existencia de influencias externas en la administración de justicia con el consecuente daño que esto ocasiona a la seguridad jurídica del país. “Queda también de manifiesto el manoseo al que son sometidos quienes deben administrar justicia y que se ven impedidos de hacerlo ante el impiadoso accionar de un esquema político de presión y protección”, expresa la CAP.
Por otro lado, califica como hecho grave la presencia de grupos de personas que en abierta violación de principios constitucionales y de derechos humanos interceptan comunicaciones privadas de particulares, sin la correspondiente orden judicial, porque pueden afectar y dañar a ciudadanos comunes.
Repudio y presión
“Ya no es posible esperar que la iniciativa del cambio surja de los líderes políticos, solo con la reacción masiva de repudio y presión ciudadana será posible dar un final al sometimiento de la Justicia a otros poderes y construir una justicia independiente que nos asegure justicia de calidad para todos”, según la CNCSP.