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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se expidió en los mismos términos que la Unión de Gremios de la Producción (UGP) al referirse a esta nueva iniciativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Justo Cárdenas. Se trata de un proyecto de ley que modifica varios artículos del estatuto agrario y que fue presentado en diciembre pasado ante la Cámara de Diputados, gestionado por el legislador Celso Troche, pero que aún no tiene dictamen.
Sobre la gratuidad de las tierras, el abogado Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP, señaló: “Nosotros como gremio no estamos en contra de que se le dé al sector campesino tierras a precio social, accesible, para que pueda comprarlas. Pero de ahí a regalar tierras, es otra cosa, eso es absolutamente inconstitucional”.
A su criterio, lo único que se conseguirá con ese tipo de medidas populistas es que el gobierno de turno salga a regalar tierras a diestra y siniestra. “Y con eso no solucionamos nada, tenemos que enseñar a producir las tierras, obtener calidad. Entregar tierras no saca de la pobreza”, sostuvo.
En cuanto a la intención de recuperar tierras, Torales dijo que es una buena propuesta, pero se debe hacer por las vías legales establecidas para el efecto, ya existentes. “Está establecido que el Poder Judicial es el único que puede desalojar. Lo que tiene que hacer el Indert es salir a recuperar con las leyes que están vigentes, no necesitás ninguna ley nueva para eso”, subrayó.
Por su parte, el senador Sixto Pereira, titular de la comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara Alta, cuestionó la propuesta de Cárdenas, gestionada en la Cámara Baja. “En Paraguay si queremos la formalización de tierras en términos jurídicos, se tiene que empezar con esas grandes extensiones de tierra, más de 8 millones de hectáreas mal adjudicadas durante la dictadura. Pero a nivel institucional es un caos, por las instituciones comprometidas con la corrupción, como Indert, Catastro, Registros, abogados y escribanos”, señaló.
Coincidió en que el proyecto de ley en cuestión es “totalmente anticonstitucional” y al mismo tiempo criticó la intención del ente rural de crear el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) como dependencia del ente. De hecho, el SIRT hoy ya existe, pero como un proyecto de relevamiento de datos, que a criterio del legislador, sirvió más que nada para sacar a familias campesinas de los lotes.
Defiende proyecto
A través de un comunicado de prensa, el Indert defendió el proyecto de ley, diciendo que “es constitucional, de carácter social, de combate a la pobreza, inclusivo y revolucionario”.
El escrito no incluyó respuesta sobre la inconstitucionalidad, pero tras la insistencia de nuestro diario, nos dijeron: “El Indert realizó el correspondiente control exhaustivo de la constitucionalidad de cada uno de los artículos del referido proyecto. En esta ley se plantea solo establecer el procedimiento para la ejecución de lo ya dispuesto en el Estatuto Agrario del año 2002”.
“No se pretende insertar ni inventar ninguna figura, ni acto jurídico, porque de lo que se trata es de reglamentar el proceso de lo ya establecido en los artículos 48 y 93 del Estatuto Agrario (Ley 1863/02), en donde se encuentran especificadas las obligaciones de los adjudicatarios y la sanción a los que las incumplen, que es la reversión al patrimonio del Indert de los lotes respectivos”, agregaron.