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El Sindicato de Empleados y Obreros de la Dinac (Seodinac), a través de su secretario general Rubén Cáceres, se declaró en asamblea permanente tras la firma de contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con Sacyr, para el ensanche de las rutas 2 y 7, y la inminente adjudicación del aeropuerto también a esta empresa con antecedentes de trámites judiciales en todo el mundo.
Cáceres explicó que preparan una movilización para mediados de esta semana, “al observar el atropello a la ley de APP (Alianza Público Privada) por parte del ministro Ramón Jiménez Gaona”. “Tenemos temor de que concreten la entrega del aeropuerto a esta empresa nefasta que quiere apropiarse de él, con la complicidad del entorno del presidente Horacio Cartes”, aseveró.
De acuerdo con los datos, la Dinac tiene 2.010 funcionarios, de los cuales cerca de 800 trabajan en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.
Intereses en Sacyr
Cáceres acusó al ministro Jiménez Gaona de tener “intereses en Sacyr”, pues, según dijo, de otra forma no se explica su insistencia en otorgar contratos de 30 años a la misma empresa, violando la ley de APP. Coincidentemente, la cuestionada firma tiene vínculos comerciales con la aseguradora Royal, del jefe de Gabinete de Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira.
Tanto para la licitación de las Rutas 2 y 7, cuyo contrato se firmó recientemente, como para la APP del aeropuerto, que están a punto de adjudicar a Sacyr, esta firma contrató a Royal Seguros.
Ambos procesos estarían dejando una cadena de funcionarios penalmente responsables, que estamparon firmas y sellos en instrumentos públicos denunciados ante el Ministerio Público como de “contenido falso”. Es el caso de Claudia Centurión, miembro del comité evaluador de las dos APP, que en un documento (ya publicado por este diario) admite estar al tanto de los antecedentes de incumplimiento de Sacyr en España, y de las sentencias que la empresa tiene en contra.
También es el caso de Dionisio Mereles, director jurídico, y de Macarena Duarte, quienes en un dictamen que el MOPC utiliza para justificar la entrega del aeropuerto por 30 años a Sacyr, niegan el vínculo de la empresa con una sociedad que incumplió en España.
El documento público, que tiene la firma y sello de Mereles y de Duarte, sostiene que “la empresa Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia SA no tiene acciones en la empresa Sacyr SL, ni esta en aquella. Por tanto no existiría una vinculación directa entre ambas”.
Sin embargo, ese vínculo –que según el pliego, la ley de APP y el decreto reglamentario impide a Sacyr ser oferente– fue reconocido por los propios representantes de la compañía.
Dictamen de la CGR
Aparentemente, tras la intervención de la Contraloría General de la República (CGR), el MOPC esperaba que el ente contralor blanquee el proceso de APP, pero según revelaron senadores, el dictamen –que aún no fue difundido– estaría recomendando la no adjudicación.
El documento debió divulgarse la semana pasada, pero sospechosamente lo están ocultando. Algunos legisladores, entre ellos Carlos Amarilla, manifestaron su temor de que el MOPC esté intentando “cocinar” un informe favorable con alguno de los auditores que intervinieron, quienes son: Christian Barba, Ilse González, Paúl Ojeda y Viviana Espínola.