Emblemas solicitan que el MIC no atente contra el Estado de derecho

La Unión de Gremios del combustible presentará hoy los reclamos del sector así como las propuestas de solución al coordinador de políticas energéticas del Gobierno, Juan Carlos López Moreira, a pedido de este último, tras la última reunión mantenida la semana pasada. Entre los pedidos aparece que el MIC “no atente contra el Estado de derecho y que el Gobierno conceda la garantía jurídica a las inversiones, cumpliendo las leyes existentes”.

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La Unión de Gremios está integrada por las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras del Gas Licuado de Petróleo (Capagas) y la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac).

Uno de los reclamos incluye una solicitud de garantía jurídica a las inversiones y que se deje de criminalizar la actividad comercial del sector. Explica al respecto que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) atenta contra el Estado de derecho, por lo que exigen garantías jurídicas a las inversiones. Desde dicha cartera de Estado, agregan, se refieren a las empresas del sector “como cártel, oligopolio y otras expresiones ofensivas”.

Dicen que desde el MIC “se criminaliza la actividad comercial del sector combustible”, en un claro direccionamiento para favorecer a una empresa competidora del sector, como es en este momento la estatal Petropar.

Insisten en que el Estado no puede intervenir en la economía como competidor, porque esto lo convierte en un jugador, debiendo tener el rol de regulador, de un árbitro.

“Sin extorsiones”

Enfatizan en que el Estado debe garantizar la seguridad jurídica a las inversiones, cumpliendo las leyes existentes y el MIC debe asumir su rol de ente regulador, en un marco de respeto a las empresas del sector, sin extorsiones de ninguna índole.

Otro de los reclamos reiterados del sector es la derogación de varios decretos que conceden ventajas inalcanzables a favor de Petropar, como las compras obligatorias de la petrolera del Estado, como lo estipulado en los decretos 2999/15 y 3324/15 y resoluciones que consideran inconstitucionales, porque violan el Art. 107 de la Carta Magna.

Explican que el MIC otorga cupos de importación a las empresas y supedita el otorgamiento de las licencias previas de importación a “un informe técnico de Petropar”. También dicen que deben liberarse los precios del gasoil común y de la nafta económica, y derogarse los decretos respectivos.

A la vez insisten en que Petropar presente una estructura de costo real del gas, y deje de cargar al gasoil común los sobrecostos de otros productos como el etanol y del mismo GLP.

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