Cargando...
El proyecto de modificación de la mencionada normativa se maneja con hermetismo en el Banco Central y no se descartan novedades para este año sobre un nuevo proyecto de Ley que asista a las personas víctimas de los accidentes de tránsitos.
Por otro lado, en el Congreso y en los municipios también hay movilizaciones para la reforma del SOAT con el fin de ayudar al Estado con los costos millonarios que dejan como saldo los frecuentes accidentes de tránsito en nuestro país. El presupuesto destinado por el Ministerio de Salud Pública a los casos de accidentes de tránsito es de US$ 100 millones anuales
El Ejecutivo dejó sin efecto la Ley 4950, que crea el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), a fines de febrero pasado. La norma se promulgó en junio de 2013 y nunca pudo ser aplicada. Estuvo en vigencia solo ocho meses. La legislación, desde el principio, fue resistida porque pretendía duplicar el seguro para aquellos dueños de vehículos que ya tenían una póliza. A eso se sumó el engorroso y poco claro reglamento que fue preparado por la Superintendencia de Seguros (SIS).
Se sumó también el fuerte rechazo que generó entre los intendentes la imposición de no entregar habilitaciones sin el pago previo del seguro. Sostenían que esa era una clara lesión a la autonomía municipal e incluso anunciaron un boicot a la norma.
El SOAT pretendía “cubrir daños a las personas, causados por vehículos terrestres, que tengan como consecuencia la muerte, invalidez, requerimientos de asistencia médica y hospitalaria”. A raíz de las diferencias con el directorio del Banco Central con respecto al SOAT, Diego Martínez, presentó su renuncia al cargo de superintendente de seguros la semana pasada. Por el momento Derlis Penayo, intendente de estudios técnicos y actuariales está como interino hasta que el Ejecutivo designe al nuevo titular del ente regulador de las aseguradoras.