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El 30 de abril de este año, último día hábil antes de un fin de semana que iba a tener día más gracias al “puente” del viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, la Dinac, con llamativo sigilo, publicó una convocatoria a rematadores interesados en pugnar por el derecho a dirigir el acto de remate del predio en cuestión. Se trata de un inmueble del ente que tiene poco más de ocho hectáreas. La propiedad está ubicada en una zona privilegiada, en pleno desarrollo, sobre la avenida Autopista, en Luque, al lado del Garden Club.
Días después de la publicación del llamado a los rematadores, Isabelino López y Julio Rivarola, representantes de la Asociación de Rematadores Públicos, denunciaron a ABC Color que el extraño comportamiento de la Dinac permitía inferir que esa subasta estaba dirigida o predireccionada. Denunciaron en esa ocasión que, en la práctica, emplazaron a los interesados hasta el día 4 de este mes, primer día hábil después del extenso feriado, para colmo de males con exigencias incumplibles, como fotocopias autenticadas de los libros exigidos por la Ley del Comerciante, que no rige a los rematadores.
Finalmente, ante la evidencia, Dinac se vio obligada a postergar el remate para el 2 de junio próximo y “concedió” a los rematadores un plazo mayor para cumplir con sus exigencias. Isabelino López, uno de los primeros denunciantes de la maniobra, fue seleccionado como rematador.
Apenas resuelto el problema de los rematadores, la Dinac dio a conocer las exigencias a las que deben ajustarse los futuros oferentes de la subasta, quienes a su vez denunciaron que varios requerimientos del pliego son igualmente incumplibles. En efecto, la entidad exige al comprador que entregue el 50% del precio de la compra como seña de trato y alertan que en remates de este tipo se pide al comprador que abone el 10% o 20% del precio que se impuso en la subasta.
También exige al comprador que pague en guaraníes, con un cheque cruzado de gerencia, a la orden de la institución aeronáutica.
La práctica comercial, al menos la racional, indica que un oferente no puede hacer un cheque cruzado sobre un monto que recién conocerá cuando termine el remate.
Igualmente, la Dinac para cerrar el trato pide al comprador que cancele su compra diez días después del remate. Normalmente, en este tipo de remates, se pide finiquitar la compra una vez que se haga la transferencia del inmueble al comprador por escritura pública, medida lógica para que el que adquiere la propiedad tenga la seguridad de contar con los documentos correspondientes una vez desembolsado el 100% del monto requerido.
La suma de cuestionamientos permite sospechar que esta subasta está dirigida. Se mencionó que altos funcionarios del Poder Ejecutivo están detrás de esa propiedad, un predio con un potencial económico muy grande. El precio base propuesto por el ente de G. 58.000 millones (US$ 11.462.450) es muy inferior al de mercado inmobiliario, que estaría por encima de los US$ 20 millones.
Para el Sindicato Operativo de Trabajadores (SOTA) la Dinac actúa en forma apresurada y sus autoridades deben suspender la subasta, vistas las serias irregularidades que quedaron expuestas. Para el SOTA la venta del predio de la Dinac sería el inicio de una sistemática venta de bienes del Estado, con precios incluso inferiores a los vigentes, para luego terminar “de liquidar los bienes estatales” con la aplicación de la ley de alianza público privada (APP).