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El principal problema que tiene la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es la deuda ilegal de más de US$ 18.000 millones, que los argentinos pretenden cargar sobre el hombro de los paraguayos. En marzo de este año ya se amortizaba toda la deuda de la binacional si no fuera por la aplicación unilateral y violatoria por parte de los argentinos de la Nota Reversal que modifica el Anexo C.
El Anexo C requiere de ciertos requisitos para que entre en vigencia, lo que no ocurrió en este caso, por lo cual es ilegal, a criterio del ingeniero Germán Escauriza, exasesor de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH). Ninguna nota reversal puede modificar eso. “Entonces, por qué decimos que no se puede modificar esa norma, porque la convención de Viena sobre los Tratados establece un protocolo para modificar normas como el Anexo C”, expresó.
Nota Reversal es ilegal
Es más –según el técnico–, esa nota reversal nunca entró en vigencia en el Paraguay porque para eso hay un protocolo de la convención de Viena que dice que debe haber canje de documento de ratificación y ese canje nunca se hizo, en consecuencia su aplicación es nula. Entonces un acto nulo no puede generar hechos legales.
Añadió que “llama poderosamente la atención la desidia de las autoridades del Gobierno paraguayo para encarar este tema”. “La deuda ilegal de Yacyretá está acompañada por la complicidad de representantes paraguayos, asociados a representantes argentinos en la entidad, al aprobar presupuestos ilegales, tarifas ilegales y asientos ilegales en los balances contables de Yacyretá”, subrayó.
Explicó que “desde el inicio de la firma del Tratado de Yacyretá, por el tipo de turbinas que tiene, se estableció que la misma debe ser amortizada a los 40 años. “Por eso se pone que las disposiciones del presente anexo deben revisarse luego de transcurrido 40 años desde el canje de instrumento de ratificación del Tratado de Yacyretá. Es de 40 años, porque es la vida útil de las turbinas Kaplan. En Itaipú se pone 50 años porque son turbinas para grandes alturas”, según explicó.
“O sea que las tarifas que se aplicaban a lo largo de la existencia desde el inicio de operación los presupuestos deberían estar realizados de forma tal que en marzo del 2014 esté cancelada la deuda de Yacyretá. Y en lugar de amortizarse la deuda por aplicación unilateral de Argentina de la nota reversal, los compromisos financieros crecieron”, refirió.
Aseveró que si no fuera por eso, toda la deuda se cancelaba este año.
“Las autoridades de Itaipú y de Yacyretá, asociadas a los gobiernos desde la firma del Tratado hasta hoy, hacen que como si no existiera. Estamos hablando de 36.000 millones de dólares de deuda, de los cuales el 50% va a estar sobre el hombro de los paraguayos”, agregó.
Como ya son casi 22 años de controversia por la nota reversal, amerita recurrir a las cortes internacionales. Recordó que el juicio sobre las papeleras entre Uruguay y Argentina duró tres años. “Yo prefiero que dure tres o cuatro años y tengamos una solución definitiva. Las grandes decisiones, como el presupuesto, la tarifa, el pago de los compromisos financieros, no se cumplieron para beneficiar a las empresas argentinas Cammesa y Ebisa”, aseguró.
Recordó que en Itaipú el pueblo brasileño está pagando utilidades ilegales de Eletrobrás, que está cotizando en la bolsa, y que en lugar de pagar las cuentas está registrando utilidades ilegales.
“Acá, en síntesis, lo que el Gobierno tiene que hacer es formar un equipo técnico jurídico y económico. Realizar un último intento por la vía bilateral para decirles que el cumplimiento del Anexo C es de cumplimiento obligatorio para las partes. Y poner un plazo de 30 días para que responda. Luego iniciar el juicio, porque no queda otro camino”, sentenció.
Añadió que la deuda que debería pagar la Argentina quiere trasladar al lado paraguayo. “Si no se cumple el Anexo C, el Paraguay se va a quedar sin Yacyretá. Sería catastrófico porque el 50 por ciento de ese negocio es de los paraguayos”, concluyó.
A la Corte Internacional
Por el comportamiento del Gobierno argentino a lo largo de la existencia de Yacyretá indica que la única solución para que se pongan las cosas en su lugar es llevar a la Corte Internacional de Justicia el cumplimiento del Anexo C, según Germán Escauriza. “La situación de controversia con la Argentina data desde 1992. No hay otra alternativa. La negociación sobre el Tratado de la EBY y sus anexos terminó en 1973. Los consejeros y directores tienen que cumplir y hacer cumplir el Tratado y sus anexos. Se tiene que aplicar sí o sí el Anexo C. No se negocia porque cualquier negociación va a significar modificar el Anexo C y al hacerlo se obligará al Paraguay a pagar lo que los argentinos no pagaron en su momento”, expresó.