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Mucho se escribió sobre las consecuencias económicas que tuvo y tendrá la construcción de Itaipú para el Paraguay. Algunas veces a favor y otras en contra. Pero lo cierto es que en la medida que el proyecto fue avanzando la deuda contraída para su edificación, estimada en principio en no más de 2.000 millones de dólares, también avanzó.
El pasivo de la obra es de 19.000 millones de dólares, dice el informe del ex viceministro de Minas y Energía, separado del cargo porque cometió el pecado de revelar a ABC que el representante paraguayo en Itaipú, José Alberto ‘‘Icho’’ Planás, cuando fungía de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 1999, pretendía entregar la usina al Brasil.
En su estudio, Canese sostiene que la mitad de la deuda de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña, que es de 9.500 millones de dólares, es cuatro veces más grande que el compromiso financiero externo de este país estimado en 2.200 millones de la divisa estadounidense, según registros del Banco Central del Paraguay (BCP). Dicha porción de la carga financiera que generó el proyecto, agrega, es adjudicada al Paraguay, y aunque el BCP no la reconoce como una obligación, en el Tratado de Itaipú se estipuló así.
El analista defiende la tesis de que la ascendente obligación financiera de Itaipú con sus acreedores tuvo por objetivo limitar al Paraguay en su derecho como copropietaria de la mayor obra hidroeléctrica del mundo sobre el río Paraná. Prueba de ello es que el 90 por ciento del pasivo generado por la construcción de la presa fue contraído con la firma brasileña Eletrobras, la cual al inicio del proyecto era estatal y hoy de capital público y privado.
Canese señala en el documento para el III Foro Social Mundial que el aparente descontrol en los pagos de la deuda de Itaipú fue una estrategia de los gobiernos militares del Brasil durante la década del ‘70 para limitar a este país en el uso de su mayor beneficio: la energía. Añade que ‘‘el Paraguay no puede disponer el 50 por ciento de la electricidad que le pertenece’’, porque ‘‘los militares brasileños dijeron que el Paraguay no puso nada’’.
‘‘En realidad lo que puso el Brasil son créditos usurarios, y con ello no solo consiguió un excelente negocio financiero, sino que limitó la soberanía paraguaya’’ sobre una de sus mayores riquezas naturales que es la hidroelectricidad. Canese también se refiere a Yacyretá, la represa que este país construyó con la Argentina, en iguales términos que la primera, pero aclara que el problema financiero de esta última será tema de un nuevo análisis.
En su informe, el analista subraya que los gobiernos militares del Brasil, con la anuencia del gobierno del dictador Alfredo Stroessner (1954/1989), ‘‘no dudaron en sobrefacturar varias veces el costo real de la central hidroeléctrica, inicialmente calculado en 2.033 millones de dólares, pero que terminó costando 20.000 millones de la divisa, debido a los intereses financieros acumulados durante el desarrollo de la obra’’.
Agrega que las sobrefacturaciones beneficiaron, principalmente, a empresas brasileñas y transnacionales radicadas en ese país, ya que obtuvieron el 85 por ciento de los contratos de obras.
‘‘Con precios varias veces superiores a los de mercado, las transnacionales, constructoras brasileñas (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, etc.), y consultoras de ese país acapararon el 85 por ciento de los contratos de construcción de Itaipú, restando apenas 15 por ciento para las paraguayas. La deuda, sin embargo, es binacional (50% y 50%)’’.
EL MONSTRUO
Canese puntualiza que el negocio financiero fue para Eletrobras y otros bancos brasileños, los cuales obtuvieron el 90 por ciento de los contratos crediticios para el proyecto, y el restante 10 por ciento fue financiamiento extranjero. Este país no aportó fondos, pero ‘‘debe pagar las muy elevadas tasas de interés que aplica Eletrobras’’, indica.
En 1997, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, se fijaron condiciones en extremo usurarias: una tasa del 7,5 por ciento sobre la inflación de los Estados Unidos de América. Empero, la tasa promedio de interés aplicada en otros países sobre la inflación (ver infografía) no llega a tanto ni siquiera en épocas económicas turbulentas como las ocurridas entre las décadas de los ‘60 y los ‘80, según datos verificables.
El pasivo de la obra es de 19.000 millones de dólares, dice el informe del ex viceministro de Minas y Energía, separado del cargo porque cometió el pecado de revelar a ABC que el representante paraguayo en Itaipú, José Alberto ‘‘Icho’’ Planás, cuando fungía de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 1999, pretendía entregar la usina al Brasil.
En su estudio, Canese sostiene que la mitad de la deuda de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña, que es de 9.500 millones de dólares, es cuatro veces más grande que el compromiso financiero externo de este país estimado en 2.200 millones de la divisa estadounidense, según registros del Banco Central del Paraguay (BCP). Dicha porción de la carga financiera que generó el proyecto, agrega, es adjudicada al Paraguay, y aunque el BCP no la reconoce como una obligación, en el Tratado de Itaipú se estipuló así.
El analista defiende la tesis de que la ascendente obligación financiera de Itaipú con sus acreedores tuvo por objetivo limitar al Paraguay en su derecho como copropietaria de la mayor obra hidroeléctrica del mundo sobre el río Paraná. Prueba de ello es que el 90 por ciento del pasivo generado por la construcción de la presa fue contraído con la firma brasileña Eletrobras, la cual al inicio del proyecto era estatal y hoy de capital público y privado.
Canese señala en el documento para el III Foro Social Mundial que el aparente descontrol en los pagos de la deuda de Itaipú fue una estrategia de los gobiernos militares del Brasil durante la década del ‘70 para limitar a este país en el uso de su mayor beneficio: la energía. Añade que ‘‘el Paraguay no puede disponer el 50 por ciento de la electricidad que le pertenece’’, porque ‘‘los militares brasileños dijeron que el Paraguay no puso nada’’.
‘‘En realidad lo que puso el Brasil son créditos usurarios, y con ello no solo consiguió un excelente negocio financiero, sino que limitó la soberanía paraguaya’’ sobre una de sus mayores riquezas naturales que es la hidroelectricidad. Canese también se refiere a Yacyretá, la represa que este país construyó con la Argentina, en iguales términos que la primera, pero aclara que el problema financiero de esta última será tema de un nuevo análisis.
En su informe, el analista subraya que los gobiernos militares del Brasil, con la anuencia del gobierno del dictador Alfredo Stroessner (1954/1989), ‘‘no dudaron en sobrefacturar varias veces el costo real de la central hidroeléctrica, inicialmente calculado en 2.033 millones de dólares, pero que terminó costando 20.000 millones de la divisa, debido a los intereses financieros acumulados durante el desarrollo de la obra’’.
Agrega que las sobrefacturaciones beneficiaron, principalmente, a empresas brasileñas y transnacionales radicadas en ese país, ya que obtuvieron el 85 por ciento de los contratos de obras.
‘‘Con precios varias veces superiores a los de mercado, las transnacionales, constructoras brasileñas (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, etc.), y consultoras de ese país acapararon el 85 por ciento de los contratos de construcción de Itaipú, restando apenas 15 por ciento para las paraguayas. La deuda, sin embargo, es binacional (50% y 50%)’’.
EL MONSTRUO
Canese puntualiza que el negocio financiero fue para Eletrobras y otros bancos brasileños, los cuales obtuvieron el 90 por ciento de los contratos crediticios para el proyecto, y el restante 10 por ciento fue financiamiento extranjero. Este país no aportó fondos, pero ‘‘debe pagar las muy elevadas tasas de interés que aplica Eletrobras’’, indica.
En 1997, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, se fijaron condiciones en extremo usurarias: una tasa del 7,5 por ciento sobre la inflación de los Estados Unidos de América. Empero, la tasa promedio de interés aplicada en otros países sobre la inflación (ver infografía) no llega a tanto ni siquiera en épocas económicas turbulentas como las ocurridas entre las décadas de los ‘60 y los ‘80, según datos verificables.