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La orden de inicio de los trabajos en la Ruta VIII, Blas Garay, fue impartida por el MOPC el 2 de junio de 2014.
A la fecha, trece meses después la orden de inicio, recién efectivizaron el 5,13% de los G. 11.000 millones disponibles (monto total previsto para las indemnizaciones) para el pago de mejoras a 57 afectados por la obra, quienes se niegan a abandonar sus terrenos ante la falta de pago del valor del terreno.
En el lugar pudimos comprobar que a la fecha aún falta despejar 30 km ocupados, parte que, una vez liberada, deberán todavía completar el proyecto ejecutivo.
Los trabajos se ralentizan
La contratista reitera que necesita la autorización de los propietarios de los predios afectados por la traza del proyecto para que los equipos que realizan trabajos de movimiento de suelo puedan trabajar. Añade que el panorama se complica, ya que todavía falta indemnizar a más de 300 frentistas que tienen inmuebles en la franja de dominio de la ruta. A esto se suma el inconveniente que para que la empresa proceda a efectivizar las indemnizaciones, la operación debe ser autorizada previamente por el MOPC.
Además, considerando que recién el 30 de julio de 2014 el Ministerio hizo entrega de una primera parte del proyecto ejecutivo, consistente en tramo de 5,79 km, equivalentes al 6,76% del contrato, se produjo un desfasaje de 58 días, por lo que el inicio efectivo de los trabajos recién pudo realizar en el mes de agosto de ese año.
En rigor se trata de hecho imputable a la Cartera de Obras Públicas debido a la entrega tardía de los detalles de construcción del primer sector de obra.
Multan a la empresa
Hasta septiembre de 2015 la obra tenía un 20% de ejecución cuando, según el cronograma contractual, debió tener un 54% de avance, cifras que revelan un retraso acumulado de 34%, razón por la cual pende sobre la empresa coreana una multa del MOPC.
Este problema podría agravarse aún más si se considera que el Ministerio hizo muy poco para liberar la franja de dominio de la ruta, así como para completar el proyecto ejecutivo.
Fabio Riveros, fiscal de obra del MOPC, explicaba lo siguiente: “Tenemos algunos problemas puntuales, como por ejemplo los títulos de algunos inmuebles, que tienen inconvenientes para su implementación real en el terreno, algunos son muy antiguos, hay casos de sucesiones encimadas y hay que hacer varios trabajos para poder negociar”.
Explicó que incluso en algunos casos los propietarios residen en el exterior.
Una de las zonas más críticas se concentra en el tramo final de la obra, en los últimos 17 km (del km 55.000 al km 72+900), donde deben construir terraplenes de gran altura como accesos al puente sobre río Pirapó.
Los terraplenes atravesarán una extensa zona de bañados (gran parte del año inundado), que según el proyecto concentra el 45% de los 1.523.743.743,60 m3 de terraplenes previstos en el contrato.
A partir del río Pirapó, la empresa dispone de 4 km para trabajar, que fueron cedidos por los propietarios alemanes de la arrocera AGRI SA (sin preguntar el precio del avalúo, ni fecha de indemnización, dijeron).
Sin embargo, 17 propietarios se niegan a permitir el ingreso de las máquinas, hasta que se les pague por sus propiedades y, según pudimos comprobar en el lugar, gran parte de los equipos permanecen ociosos hasta que se resuelva el problema y el Ministerio complete el proyecto ejecutivo en los tramos a liberarse.
ccaceres@abc.com.py