El Indert sigue beneficiando a Cartes en detrimento de poblador con título

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sigue sin reconocer los derechos de un beneficiario de la reforma agraria, que tiene título de propiedad pero cuyo lote es ocupado por una firma denominada Ganadera Sofía SA, de Horacio Cartes. El ente reconoce que se trata de tierras de origen fiscal, pero se excusa ante el Congreso argumentando que no puede intervenir en el caso.

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En una nota dirigida recientemente a la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado, el Indert reconoció que el lote B-1, manzana Fortuna Guasu de la Colonia 4 de Mayo, fue adjudicado en 1984 a Roberto Benítez Giménez. La propiedad se encuentra en el distrito de Pedro Juan Caballero (Amambay), con título no finiquitado a nombre de este compatriota.

En la misiva, el ente agrario también admite que dicho inmueble se encuentra hoy día ocupado por la empresa Ganadera Sofía, del hoy presidente de la República, Horacio Cartes, de acuerdo con lo verificado por el Ing. Agr. Celedonio Escobar, administrador de colonias, e informado a la administración a través de un informe de fecha 1 de febrero de 2013.

Sin embargo, esta institución, que tiene como rol el de regular la distribución de las tierras estatales, dice que no puede intervenir en el caso. “El Indert no puede disponer del lote en cuestión ni de ningún otro que se encuentre en el área, ya que aún no tiene la propiedad del mismo”, señala la misiva firmada por el presidente actual del instituto, Justo Pastor Cárdenas.

Como excusa, Cárdenas alega que se trata de una propiedad adquirida, con pagos 100% abonados, pero que aún no fue transferida. Se trata de una superficie aproximada de 180.000 Ha., conocida como “Ex CAFE”, que pasó a ser patrimonio del Banco Central del Paraguay en los años 60 y que posteriormente fue comprada por el ente rural, que entonces se denominaba IBR.

“Durante esos años y hasta el 2004 aún era posible regularizar estas tierras y titularlas, hasta que, en ese año, la Dirección Nacional de Catastro exigió el pago del impuesto inmobiliario. La Municipalidad de Pedro Juan Caballero reclamó judicialmente al BCP el pago del impuesto inmobiliario hasta el año 2004. La Corte Suprema rechazó la inconstitucionalidad promovida por la municipalidad en mayo de 2014, tiempo desde el cual se encuentra en proceso dicha transferencia”, agrega la nota.

El Indert envió copias del plano del lote de don Roberto y también hace referencia a que, pese a existir la resolución de adjudicación a este compatriota y título no finiquitado, en el 2014 Cárdenas había resuelto desestimar las pretensiones de este beneficiario de la reforma agraria. Eso ocurrió antes de que saltara el caso a la luz de la opinión pública.

Confió en Cárdenas

En visita a nuestra redacción, don Roberto advirtió sobre lo difícil que es el caso, por el hecho de que afecta al Presidente de la República. No obstante, dijo que el presidente del ente agrario le había prometido una solución a este problema.

“Tenía muchas esperanzas luego de hablar con Cárdenas, yo creí en sus palabras. Pero hasta ahora no veo que haya avances, estoy viendo que el caso es muy difícil”, afirmó.

Dijo también que se siente “dolido” y “golpeado” por la falta de respuestas de las instituciones competentes. “Te absorbe esta injusticia y la ansiedad de no tener respuestas”, lamentó el compatriota.

ABC no puede acceder a la versión oficial del Indert, pues desde inicios de año el presidente de la institución se niega a brindar declaraciones a este diario.

Sin el pan y sin la torta

De acuerdo con los datos del caso, don Roberto Benítez no sabía que en el 84 había sido adjudicado con un lote fiscal, pues la compra la realizó su abuelo, un excombatiente del Chaco.

Recién lo supo en 2011, cuando procuró una vivienda de la Secretaría de Acción Social (SAS), pues se trata de un humilde compatriota. Esa vez, la SAS le respondió que no podía ser beneficiado porque tenía propiedad a su nombre.

Desde entonces, don Roberto intenta hacer valer sus derechos ante el Indert, pero pese a que pasaron cuatro años, no obtuvo ninguna solución. Así, el compatriota se quedó sin el pan y sin la torta, como consecuencia de la inoperancia del ente agrario.

gbenitez@abc.com.py

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