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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, pagó en el 2014 el total de G. 5.292 millones, en concepto de indemnización por la finca Nº 187 del distrito de Eusebio Ayala, expropiada por Ley 498 de 1994.
En el 2015, ya se denunciaba que la firma “Cabaña 3S” caducó como sociedad hace casi dos décadas y que el desembolso del Indert fue a personas que no estaban habilitadas para cobrar, específicamente las señoras Patricia Napout, Claudia Napout y Brunilda Doldán, a riesgo de que se cumpla la tesis de que “quien paga mal, paga dos veces”.
Ahora se informó que Registros Públicos pudo verificar que dicha compañía no se halla inscripta en los libros índices de comercio. El dato fue proporcionado en el marco del juicio que promueve Fabián Ferreira contra las Napout por estafa y otros delitos (ver facsímil).
En visita a nuestro diario, Ferreira señaló que el ente agrario desembolsó el millonario pago pese a las anomalías del caso. Por ejemplo, Hacienda informó que la empresa tampoco se hallaba registrada en el departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades de esta cartera.
Otra cuestión llamativa es que según la Resolución 1315/14 firmada por Cárdenas, el pago debía realizarse en 80% al momento de suscribir la escritura traslativa de dominio y el saldo del 20%, luego de la verificación perimetral del inmueble. Sin embargo, en la práctica el desembolso fue del 100% incluso antes de la medición del terreno.
Según los datos a los que pudimos acceder, la administración actual se limitó a inspeccionar la ocupación de las tierras por parte de unas 300 familias, que están en el sitio hace 18 años.
También realizó una verificación perimetral cuyo resultado está puesto en duda, porque no hubo mensura judicial.
En tal sentido, los datos del expediente indican que mientras el título de propiedad habla de 441 hectáreas, en realidad habría solo 380 hectáreas, lo cual se traduciría en un directo daño patrimonial a la institución agraria.
Denuncia penal
Todos estos datos se desprendieron de la denuncia promovida por Ferreira, que manifiesta haber sido estafado por Doldán y las Napout. Explicó que estas personas le hicieron trabajar, contrato mediante, para cobrar al Indert la indemnización por las tierras, de la que se comprometieron a darle el 35%, pero tras lograr el desembolso, estas se rehusaron a cumplir. El caso está en manos de la fiscala María Estefanía González, agente de la Unidad Penal Ordinaria Nº 6 del Ministerio Público.
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