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En agosto de 2008, cuando Monges ya había sido senador electo (y previamente fue diputado), este logró la adjudicación de las tierras fiscales en el distrito de Mariscal Estigarribia (departamento Boquerón). En ese entonces, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) era el Ing. Agr. Héctor Daniel Cardozo González, quien firmó el título definitivo Nº 212.105 a favor del congresista.
De acuerdo con algunos abogados consultados, esta adjudicación habría violentado el Art. 16 de la Ley 1863/02 y la Ley 2002/2002 que modificó varios artículos, con relación al requisito para ser beneficiario de tierras fiscales en la Región Occidental. Para ser adjudicado, el interesado debe “dedicarse habitualmente a la producción ganadera o manifestar su intención formal de hacerlo”. Otros juristas señalaron también el Art. 196 de la Constitución Nacional, sobre las incompatibilidades de una autoridad nacional de dedicarse a cualquier otra actividad, salvo el “ejercicio parcial de la docencia o la investigación científica”.
En conversación con este diario, el legislador afirmó que su adjudicación se dio en el marco de la ley. “Particularmente en el Chaco, tenés que dedicarte a la ganadería. No se habla de ser sujeto de la reforma agraria. Porque ningún ciudadano paraguayo que ha solicitado propiedad en el Chaco es un campesino que se dedica a la agricultura”, señaló.
Sostuvo que él, “desde siempre” se dedica a la ganadería y que el hecho de ser autoridad nacional no le impide dedicarse a dicha actividad económica.
Al ser insistido en cómo podría dedicarse a la ganadería, siendo legislador nacional y si no serían actividades incompatibles, respondió: “Esa es la opinión ya tendenciosa. No tengo nada que esconder absolutamente. Todo he hecho en el marco de la normativa. Tengo todo, absolutamente todo, dentro de la normativa”, respondió antes de despedirse de nosotros.
Tergiversan la ley
El abogado Hugo Waldino Lovera, conocido por denunciar violaciones sobre la distribución de tierras en nuestro país y la fallida reforma agraria, señaló que contrariamente a la conveniente interpretación que da el senador a la ley, el artículo 16 es claro acerca del perfil del beneficiario. “Su actividad principal y habitual debe ser la del ganadero. Lo que pasa es que con esta administración pública, tergiversan todo. Ya es una joda total”, aseveró.
Otros juristas consultados dijeron que la interpretación de dicho artículo “es debatible” y que más bien, habría que analizarse hasta qué punto no se viola la Constitución Nacional cuando un legislador se dedica a otras actividades económicas que no están expresamente señaladas en la carta magna como excepciones a la regla sobre incompatibilidades.
De acuerdo con los datos, Juan Darío Monges inició la solicitud de tierras al Indert en el año 2005, según expediente Nº 3753, y fue adjudicado el 13 de agosto de 2008, tras pagar la suma de G. 90 millones por las casi 3.000 hectáreas, una suma ínfima si consideramos el valor que ya entonces tenían las tierras en la zona, pues da apenas la cifra de G. 30.000 por hectárea.
El político pertenece a la ANR, actualmente del equipo oficialista que responde al presidente de la República, Horacio Cartes.