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La información sobre el citado evento fue suministrada por el secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Julio Ullón, quien también es coordinador de la Mesa Energética Nacional.
Al ser preguntado si las conferencias serán con ideas ya concretas del Poder Ejecutivo, como la conformación del Equipo Negociador, propuesta por el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (Ippse) en marzo último, Ullón contestó: “La Cancillería es la encargada del equipo negociador, y la Mesa Energética Nacional solo se encarga de proveerle los insumos”.
Sobre las duras críticas de ciertos sectores políticos de que el titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, está manejando este importante tema con mucha negligencia, además sin dar una sola señal hacia dónde lo quiere llevar, Ullón solo se limitó a responder: “No hay negligencia, el Presidente maneja los tiempos claramente. El ingeniero (Luis) Castiglioni es el encargado de las relaciones internacionales”.
En cuanto al Equipo Negociador, que debió estar listo en abril de este año de forma a cumplir con un cronograma de negociaciones que concluya en septiembre del año 2021, cuando el servicio de la deuda caerá ostensiblemente, el alto funcionario insistió en que “ese tema en particular” es manejado “directamente” entre el presidente de la República y el canciller nacional.
Cabe recordar que el Ippse presentó al Gobierno ya en marzo pasado una propuesta de cronograma general de acciones, con miras a la revisión del Anexo C de Itaipú. Luego de tres meses nada se sabe oficialmente sobre ese asunto.
En el referido documento, presentado por el Instituto de Profesionales al Poder Ejecutivo, se sugería conformar un mes después, en abril, el Grupo Negociador local y los grupos de trabajo, y que estos tengan el tiempo para hacer los estudios preliminares antes de negociar oficialmente con Brasil a partir de enero del año 2020.
Tampoco se habrían hecho las reuniones internas preliminares que, según la propuesta presentada por dicho instituto, debieron ser iniciadas en mayo último y concluir en septiembre del presente ejercicio.
No obstante, de acuerdo a nuestra fuente, los plazos se pueden comprimir, eventualmente, pero ello puede dificultar las tareas que deben hacerse internamente.
Razón fundamental para la revisión
El Art. VI del Anexo C de Itaipú establece: “Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la ITAIPÚ para la construcción del aprovechamiento, y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”. Este plazo se cumplirá en agosto del año 2023. Sin embargo, el servicio de la deuda caerá de US$ 2.072 millones (2019) a US$ 1.445 millones en el 2022. Entre enero y febrero del año 2023 se reducirá a US$ 254 millones, y su finiquito está previsto para agosto del mismo año.