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La carga fue encontrada en un descuidado galpón a escasos metros de la frontera seca con Brasil. La mayor parte del cargamento ya estaba cargada en 7 camiones de gran porte, mientras que la otra parte del cargamento estaba en el suelo, dentro del galpón.
Las cajas eran de cigarrillos de la marca Eight y TE, producidas por Tabesa. Los camiones fueron recibidos en Aduanas por el propio ministro de Hacienda, Dionisio Borda, quien en medio de cámaras y micrófonos felicitó a los agentes del Detave por el operativo. “Aplaudo este golpe a la ilegalidad”, dijo el entonces presidente Fernando Lugo.
Dos semanas después
Apenas dos semanas después del decomiso, el director de Aduanas, Víctor Vidal Ríos, cambió a todos los agentes y descabezó el grupo de inteligencia del Detave que había comandado la intervención.
Para setiembre de ese año, es decir, siete meses después, Aduanas –mediante la Resolución N° 30/09 firmada por el administrador de la Capital, Andrés Troche– calificó la situación de los cigarrillos como “infracción aduanera” y no contrabando. Se devolvió el cargamento –salvo los camiones, que fueron a remate– y aplicó una multa de G. 546.000 per cápita para Gustavo González Barrios, Germán Meza Núñez, Mario Álvarez B., Arnaldo Andrés González y Verónica Torres, dueños de la firma “L y F Transporte”, supuesta dueña de la carga.