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Moreno acudió a la Comisión Bicameral para explicar los alcances del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 de la institución que dirige y en este contexto hizo un resumen de las actividades que desarrollan para defender al Estado a nivel jurídico.
Señaló que las demandas contra el Estado incluyen la que se tiene en Washington, Estados Unidos, en el caso de Gramont Berres por aproximadamente US$ 100 millones, más intereses; y el resto corresponde a demandas planteadas en los tribunales de nuestro país, con lo que el valor total asciende a US$ 2.000 millones.
Moreno dijo que la mayoría son demandas por supuesto daño causado por el Estado y por contratos supuestamente incumplidos, entre ellos casos que datan de hace 10 a 15 años.
Dijo que el monto era mayor, pero que la Procuraduría ya bajó unos US$ 450 millones hasta este momento y fue categórico en señalar que las demandas ya no pueden proceder porque sí nomás, o porque dos abogados se ponen de acuerdo y van contra el Estado para luego regular honorarios.
A modo de ejemplo, citó los casos del Banco Central del Paraguay (BCP), cuyos exabogados querían regular honorarios por US$ 86 millones por la quiebra del Banco Alemán, uno de ellos Francisco González; y también el caso de la devolución del IVA por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación, de unos US$ 120 millones, cuyo abogado era Luis Puentes.
Petropar
A la par de estos casos citados, está la que PDVSA realiza contra Petropar por unos US$ 265 millones por provisión de combustibles. Este caso, sin embargo, lo lleva adelante la asesoría jurídica de la entidad porque es una entidad autárquica.
El titular de la Procuraduría informó que están realizando una auditoría a pedido de la propia petrolera estatal y puntualizó a los legisladores el desorden en que están los documentos.
Plan de gasto
La Procuraduría General de la República tiene presupuestado para el próximo año G. 16.558 millones (US$ 3 millones), lo que equivale a 0,4% más que el presupuesto vigente al 31 de agosto pasado.
Moreno informó también a los legisladores miembros de la Bicameral que la entidad cuenta actualmente con 40 procuradores delegados.