El Estado les debe unos G. 300.000 millones a empresas constructoras

Unos G. 300.000 millones es la deuda que tiene el Estado con las empresas de construcción. Los gremios del sector piden que el Poder Ejecutivo promulgue lo antes posible la ley que acepta un préstamo de US$ 100 millones para ampliar el presupuesto de este año. “Es la única esperanza que tenemos de cobrar”, dicen los empresarios.

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Miembros de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) hablaron ayer sobre la deuda que tienen diferentes entidades estatales con sus asociados y la preocupación que eso genera para el sector.

Jorge Moreno, titular de este gremio, explicó que hay atrasos de pagos de parte del MOPC, de Senasa, de la Senavitat e incluso de las binacionales Itaipú y Yacyretá en diferentes proyectos.

Explicó que los atrasos en los pagos se están sucediendo desde hace un buen tiempo y que la situación está afectando seriamente el movimiento en las obras.

Señaló que los trabajos no van a parar, pero aclaró que las empresas, al no recibir el pago, se ven obligados a tener que prescindir de una buena parte de su mano de obra. En este sentido, Moreno afirmó que los más perjudicados en este caso son los jornaleros (quienes son contratados por días y para trabajos específicos), ya que las constructoras, al no recibir el dinero por su trabajo, tienen que indefectiblemente prescindir de alguna parte de su mano de obra.

A su vez Julio Mendoza Yampey, de la Cámara Paraguaya de la Vivienda e Infraestructura (Capavi), aseguró que actualmente el sector de la construcción mueve tranquilamente mano de obra para unas 100.000 personas, y que de esta cantidad fácilmente el 15%, es decir, unas 15.000 personas (la mayoría jornaleros), ya dejaron de trabajar por la falta de transferencia de las entidades públicas.

Mendoza Yampey comentó que existe un estudio en donde consta que en los últimos años se incorporaron al Estado unos 70.000 funcionarios públicos, lo que significa unos 600 millones de dólares para el Estado solamente en pago de salarios.

Óscar Rubiani, miembro de Capaco, agregó que lo preocupante de toda esta situación es que se está afectando a obras que tienen un fuerte impacto en el empleo, como por ejemplo la construcción de empedrados, asfaltados, caminos vecinales, entre otros, y que además son obras muy necesarias para los pueblos en donde se están construyendo.

Solamente desde el MOPC la deuda llega a los G. 200.000 millones y el resto de la deuda deriva de otras entidades estatales.

Pagos no alcanzan

El titular de la cartera de Obras, Enrique Salyn Buzarquis, anunció la semana pasada el pago de unos G. 2.000 millones para empresas constructoras. Sin embargo, esta cantidad no llega ni al 10% de la deuda. Igualmente, el anuncio de un desembolso de G. 100.000 millones que había hecho Buzarquis semanas atrás nunca se completó, afirmaron también ayer en la Capaco.

La preocupación de los empresarios es que las deudas sigan aumentando y no se consiga saldar aquellos pagos que están pendientes desde hace tiempo.

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