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El presidente de la República, Luis González, de un plumazo reavivó un contrato colectivo de trabajo totalmente leonino y que con mucho esfuerzo había sido anulado durante el tiempo que duró el proceso de venta de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco), que finalmente fracasó por intereses políticos.
Dicho contrato, con privilegios del Primer Mundo para poco más de 4.000 funcionarios, en un Estado que se cae a pedazos por su déficit fiscal, representa una pesada carga administrativa no solo para la compañía de teléfonos, sino también para los 300.000 usuarios que tiene la empresa, ya que necesariamente estos privilegios se incluyen en los costos a la hora de fijar las tarifas.
Definitivamente, ante la suspensión de la venta de Antelco, el Poder Ejecutivo no estaba obligado a confirmar la vigencia de un contrato colectivo que en reiteradas ocasiones fue cuestionado por su legitimidad y atendiendo a que dicho contrato fue firmado con las autoridades de la Antelco y no con los directivos de la nueva sociedad anónima que es Copaco y que debería regirse como cualquier otra empresa privada por el Código Laboral.
El decreto en cuestión podría significar incluso la pérdida total del patrimonio de Copaco por parte del Estado paraguayo, puesto que, aun cuando el procurador general de la República, Juan Carlos Barreiro Perrota, opine lo contrario, queda latente la posibilidad de que los trabajadores de la telefónica exijan el pago de indemnizaciones según el polémico contrato colectivo, lo que equivale al pago de aproximadamente 200 millones de dólares en caso de privatización o tercerización.
LO QUE DICE EL PROCURADOR
Para el Dr. Barreiro Perrota, el Decreto Nº 18.440 lo único que hace es cumplir con el acuerdo del 29 de julio del corriente año, que dice en un párrafo: Se deja en claro que la Compañía no debería por causa de una cerrada ejecución del referido Convenio Colectivo incurrir en dificultades financieras y administrativas. Por esta razón se solicita la posibilidad de revisar en su caso la ejecución de algún beneficio que podría generar inconvenientes presupuestarios y financieros a la Compañía.
Con esto, además de otros acuerdos que fueron firmados con anterioridad, se asegura que no se pagarán cuatro salarios por año de antigüedad, como lo establece el contrato colectivo, sino solo un salario como lo establece el Código Laboral, manifestó Barreiro Perrota.
Dicho contrato, con privilegios del Primer Mundo para poco más de 4.000 funcionarios, en un Estado que se cae a pedazos por su déficit fiscal, representa una pesada carga administrativa no solo para la compañía de teléfonos, sino también para los 300.000 usuarios que tiene la empresa, ya que necesariamente estos privilegios se incluyen en los costos a la hora de fijar las tarifas.
Definitivamente, ante la suspensión de la venta de Antelco, el Poder Ejecutivo no estaba obligado a confirmar la vigencia de un contrato colectivo que en reiteradas ocasiones fue cuestionado por su legitimidad y atendiendo a que dicho contrato fue firmado con las autoridades de la Antelco y no con los directivos de la nueva sociedad anónima que es Copaco y que debería regirse como cualquier otra empresa privada por el Código Laboral.
El decreto en cuestión podría significar incluso la pérdida total del patrimonio de Copaco por parte del Estado paraguayo, puesto que, aun cuando el procurador general de la República, Juan Carlos Barreiro Perrota, opine lo contrario, queda latente la posibilidad de que los trabajadores de la telefónica exijan el pago de indemnizaciones según el polémico contrato colectivo, lo que equivale al pago de aproximadamente 200 millones de dólares en caso de privatización o tercerización.
LO QUE DICE EL PROCURADOR
Para el Dr. Barreiro Perrota, el Decreto Nº 18.440 lo único que hace es cumplir con el acuerdo del 29 de julio del corriente año, que dice en un párrafo: Se deja en claro que la Compañía no debería por causa de una cerrada ejecución del referido Convenio Colectivo incurrir en dificultades financieras y administrativas. Por esta razón se solicita la posibilidad de revisar en su caso la ejecución de algún beneficio que podría generar inconvenientes presupuestarios y financieros a la Compañía.
Con esto, además de otros acuerdos que fueron firmados con anterioridad, se asegura que no se pagarán cuatro salarios por año de antigüedad, como lo establece el contrato colectivo, sino solo un salario como lo establece el Código Laboral, manifestó Barreiro Perrota.