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Las empresas públicas Copaco, Essap, ANDE, Petropar y la INC entregaron ayer al Consejo de Empresas Públicas sus pliegos de bases para la contratación de auditaría de gestión.
El Ejecutivo tiene un especial interés en que la auditoría sea de alcance internacional, porque necesita conocer el rendimiento o comportamiento de sus administradores, “así que los términos de referencia para convocar a licitación pública deben reflejar las exigencias y pretensiones del gobierno”, explicaba ayer a nuestro diario el titular del consejo, Elvio Brizuela.
“Nosotros vamos a ajustar los términos de referencia de acuerdo a nuestros requerimientos, porque tiene que reflejar lo que nosotros queremos”, agregó Brizuela.
En tres días devolverán estos documentos para que las empresas del Estado convoquen a una licitación internacional, agregó.
“En 90 días queremos contar con los resultados, en el mes de junio exactamente”, subrayó.
Añadió que las cinco empresas públicas que serán auditadas son la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la Industria Nacional del Cemento (INC), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (Petropar).
Las administraciones serán evaluadas cada año, por lo menos hasta el 2017, de acuerdo con el nuevo contrato firmado entre las estatales y el consejo, manifestó.
Las que quedaron fuera del plan de auditoría extranjera del consejo son: Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Cañas Paraguayas (Capasa) y Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
El consejo, que agrupa a las ocho empresas públicas, fue creado por Ley 5058 en 2013. Lo integran el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Todas las empresas públicas son deficitarias. Si bien la Essap no registra la estrepitosa caída de su facturación como Copaco, la pérdida de su producto a causa de caños rotos, conexiones clandestinas y facturaciones erróneas es alarmante.
También la ANDE soporta el uso ilegal de su energía eléctrica a causa de conexiones clandestinas. Esas pérdidas no las absorbe, sino las traslada a sus más de 1.300.000 usuarios.