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–¿Existe algún caso en el que un país acepta que eventuales divergencias sobre los derechos de propiedad de sus recursos naturales sean dirimidas (ante el Ciadi) en Washington?
–De hecho, Paraguay está adherido al Ciadi (organismo creado a instancia del Banco Mundial) desde sus comienzos (a mediados de los años 60). En este marco, Paraguay suscribió 20 tratados bilaterales de inversión con varios países, que automáticamente le llevan al Ciadi: con Francia, Gran Bretaña, Taiwán, Estados Unidos, Corea del Sur, Países Bajos, Hungría, Alemania, Austria, España, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, El Salvador, República Checa, Portugal y Cuba.
–Canadá no figura, y Rio Tinto Alcan es de origen canadiense...
–Es canadiense, pero hay que ver si la sociedad que está obligando a Rio Tinto en este caso tiene esa nacionalidad, porque muchas veces se trata de corporaciones que tienen sus sedes, otra vez, en varios países, y hay veces en que ese hecho amerita que un país vaya al Ciadi. De repente la filial que está operando en el país, a lo mejor, tiene su establecimiento en Estados Unidos, y Paraguay al ser ratificante del tratado, automáticamente es llevado allí.
–¿Cuál es la imagen que usted tiene del Ciadi?
–Internacionalmente está muy bien conceptuado. Está atacado por (Hugo) Chávez, Evo (Morales) y compañía, pero a nivel internacional se lo considera el mecanismo más apto para dirimir controversias, y aunque su sede administrativa esté en Estados Unidos, los árbitros que designa son los mejores del mundo, y los fallos del Centro son estudiados en las mejores universidades del mundo.
–¿Conviene o no a Paraguay que los conflictos con RTA sean llevados a Washington, o eventualmente puede buscar otro lugar o mecanismo?
–En realidad, se trata de un arbitraje sin sede específica o nacional. Es un arbitraje cuyos resultados, incluso, no se puede recurrir ante ninguna Corte de ningún país y lo que se decide allí ya es definitivo, y si el país (al que le fueron adversos los resultados) no los cumple está expuesto a sanciones, tales como suspensión de cooperaciones, embargo de activos que estén en cualquiera de los países ratificantes del tratado.
–¿Existe algún caso que haya involucrado a Paraguay?
–Paraguay tiene tres casos con el Ciadi. Uno que ganó es el caso Olguín, y hay dos en curso: con el SGS y Bureau Veritas. Una alternativa podría ser un arbitraje regido por la Cámara de Comercio Internacional, cuya secretaría administrativa está en París (Francia), lo cual no significa que el arbitraje se desarrolle en París. Otra sería el Tribunal Arbitral Permanente de la ONU, con sede en La Haya.
–¿Qué piensa acerca de las críticas de que los fallos del Ciadi son siempre o casi siempre favorables a los países desarrollados o a las compañías transnacionales?
–Hay estadísticas que indican que eso no es así, que en muchísimos casos también ganan los Estados y los (países) pequeños. Lo que ocurre muchas veces es que los Estados hacen mal sus deberes, en el sentido de que, de un día para el otro, deciden no cumplir más los contratos firmados, como ha pasado en Argentina desde la crisis del 2001. Además, empezó a expropiar, al igual que Bolivia. Es decir, rompen las reglas del juego de la inversión y después van allá y pierden. Otro problema es que no se hacen asesorar de manera competente.
–O sea, ¿son resultados de arbitrariedades cometidas por los gobiernos?
–Son malos manejos internos. Expropiaciones mal hechas, contratos no cumplidos y también manejos indebidos de sus casos arbitrales, donde uno tiene la posibilidad de acceder a los mejores árbitros del mundo, pero se termina nombrando a gente ni idea tiene de cómo se maneja eso. Hay países que mandan a sus abogados locales nomás, que van con su mentalidad de tribunales y pierden. Los árbitros (que trabajan con el Ciadi) son los mejores profesionales que salieron de las mejores universidades del mundo. Es lo que mejor se ha ideado hasta ahora para la protección de inversiones.
¿Qué es el organismo?
El Ciadi es una institución del Banco Mundial, con sede en Washington, diseñado en los 60 para “propiciar” la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional de una “herramienta capaz” de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales. Adicionalmente, realiza estudios académicos sobre legislación de arbitraje y elabora publicaciones sobre el arreglo de diferencias respecto de las inversiones internacionales.