El BCP admite que Hacienda puede recurrir a otro crédito de corto plazo

El Ministerio de Hacienda tiene una línea de crédito abierta en el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el 31 de diciembre y por un monto que ronda los 1,6 billones de guaraníes (US$ 357 millones), que puede solicitar en cualquier momento, dijo el titular del ente, Jorge Corvalán, tras el anuncio del gobierno electo de la posible necesidad de nueva asistencia financiera para cubrir compromisos.

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Hacienda había pagado recientemente 250.000 millones de guaraníes (US$ 55,8 millones) y renovó por 500.000 millones de guaraníes (US$ 112 millones) cuya nueva fecha de vencimiento es el 14 de agosto.

El titular del BCP, Jorge Corvalán, dijo este jueves que el cálculo sobre el límite prestable para la cartera fiscal está redactado en una resolución del emisor y que está en torno a los 1,6 billones de guaraníes.

Si bien existe un remanente de 500.000 millones de guaraníes que aún debe Hacienda al Central, ya dependerá de cómo encuentre la caja el gobierno electo.

Solvencia

A pesar de que el retraso en el pago por parte de Hacienda refleja signos de falta de recursos, el BCP ve que hay solvencia porque existe una muy buena dinámica de la economía que facilitará el incremento de las recaudaciones para enfrentar los compromisos, explicó el guardián de la política monetaria del Paraguay.

Además, los niveles de inflación hoy están por debajo del 5% –llegó a un acumulado del año de 0,6% al cierre de junio último–, es decir, que la oferta agregada es mayor a la demanda agregada, razón por la cual esos 500.000 millones de guaraníes que están circulando por las venas de nuestra economía no generan ningún tipo de distorsión en la masa monetaria, indicó Corvalán.

Evitar desbordes futuros

El titular del BCP dijo que en el nuevo periodo presidencial que arrancará el próximo 15 de agosto será fundamental concretar una ley de responsabilidad fiscal para evitar otros probables desbordes en el futuro.

Se está hablando también sobre la creación de un impuesto sobre las ganancias de los agroproductores con miras a obtener mayores recaudaciones que permitan ir cerrando la brecha abierta en el presupuesto a partir de incrementos salariales en torno al 30%.

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