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El dirigente sindical, que se encuentra en el grupo conformado también por los gremios empresariales, admitió que el sistema de jubilaciones y pensiones del país necesita de una institución especializada que lo controle, ya que los controles de lo que hoy existe no resultan, debido a la impunidad.
Añadió que tampoco tienen inconvenientes con la diversificación de la inversión de los fondos, porque “evidentemente es un gran peligro” tener todo en bancos, considerando que las garantías no cubren suficientemente los riesgos y, en caso de crisis, todo se puede perder. “Pero no estamos de acuerdo con la excesiva discrecionalidad que el anteproyecto del Poder Ejecutivo le quiere otorgar al superintendente, cuyos poderes están nivelados a los del presidente de la República”, advirtió.
Alertó que el superintendente tiene poder para determinar todo en la administración de las cajas (sean públicas o privadas), a las que puede convertir en “simples títeres”, y ya no tendrían posibilidad alguna de forzar las decisiones de la autoridad, porque se expondrán a duras sanciones.
Advirtió asimismo que, una vez aprobada la ley, el superintendente tendrá la potestad de reglamentarla, estableciendo cómo se la va a aplicar, de modo que los obligados por la ley estarían ante un poder excesivo.
“Por eso es que nosotros planteamos un control por sobre el superintendente, representado por los empleadores, trabajadores y jubilados”, dijo la fuente.
Preguntado sobre si ese consejo no estaría siendo “juez y parte”, en todo caso, respondió: “No. Por ejemplo, el presidente de un gremio empresarial determinado es un empresario que no va a tener injerencias sobre la administración de la caja pero sí va a poder controlar y dar su opinión sobre la inversión de los fondos, y por si el superintendente quiera liquidar algunas cajas por su decisión y cambiar el sistema”, expresó.
Afirmó que, en cambio, el Gobierno sostiene que el Banco Central del Paraguay le va a otorgar un “blindaje” a la superintendencia contra toda influencia negativa. “Y eso es mentira, primero porque por carta orgánica el BCP no puede administrar la seguridad social, sino la política monetaria, crediticia y cambiaria del país. Además, en derecho administrativo, lo que no está expresamente permitido, está prohibido”, apuntó.
Sobre el punto dijo que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros controlan a la Caja Bancaria, que este año va a mandar a pérdida G. 30.000 millones, correspondientes a deudas de funcionarios del BCP que no han pagado sus cuentas, y eso en contubernio con el director del Banco Central, que no les descuenta y no pagan a la caja.
Recordó asimismo que en los 80 y 90 el BCP tenía toda la plata del IPS guardada en sus bóvedas y todos los intereses que se generaron en el exterior la entidad emisora repartió con cinco sueldos mensuales a sus funcionarios.
“Devolvió estos recursos después de 15 años, totalmente descapitalizada su inversión y sin ningún céntimo de interés”, lamentó.
Agregó que el principal personaje detrás de este anteproyecto se llama Bernardo Navarro, superintendente de Seguros, que incluso ya se había autonombrado “superintendente de pensiones”, según en el Art. 82, del proyecto retirado en octubre pasado por el Ejecutivo. “Además, su padre fue el gerente internacional del BCP, involucrado en los sonados casos de evasión de divisas”.
“Entonces, hay toda una historia detrás de esto que nos preocupa. La institución creada en el país para controlar la seguridad social es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el Paraguay en la actualidad no hay una sola persona especializada en pensiones, en ningún estamento, por lo que hay que capacitar”, subrayó el dirigente sindical.