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Miguel Lovera utiliza el presupuesto del ente para ubicar a sus "amigos", como el caso de la ejecutiva del CEIDRA Silvia González de Escauriza y su hija, Leticia Escauriza. Ambas reciben en total unos G. 18 millones.Para entender este tema es importante analizar los antecedentes. El titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Ing. Miguel Lovera, proviene de la organización no gubernamental (ONG) Alter Vida, en donde estuvo como directivo hasta horas antes de asumir el cargo de presidente.
Apenas asumió, Lovera comenzó en el Senave un desmesurado agigantamiento de la institución creando nada menos que 85 nuevos cargos elevados entre jefaturas y coordinaciones, además de la contratación de 150 nuevos funcionarios.
Para muestra, un botón
Una de las personas que ingresaron al Senave de la mano de Miguel Lovera es la coordinadora general del Centro de Estudios e Investigación de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA), Silvia Helena González de Escauriza. Es importante señalar que tanto el CEIDRA como Alter Vida y la Red Rural trabajan juntos en el proyecto de ley de seguridad alimentaria.
Miguel Lovera, por Resolución Nº 211 del 23 de marzo de 2011, dispuso la modificación del contrato de Silvia González asignándole un salario mensual de G. 6 millones, a lo que debe sumarse el 50% por responsabilidad, es decir que cobra unos G. 9 millones al mes.
En mayo del 2011, la misma ejecutiva del CEIDRA es designada asesora jurídica del Senave por Resolución Nº 415 y el 6 de julio, por Resolución Nº 515, Silvia González ya es nombrada en el cargo de asesora jurídica.
Cabe señalar que en la modificación del contrato de Silvia González se menciona claramente en la Cláusula Tercera: Como retribución por los servicios que prestará, en la jornada legal de trabajo establecida, el/la CONTRATADO/A percibirá la suma de G. 6 millones mensuales.
Sin embargo González de Escauriza sigue ejerciendo sus funciones normales en el CEIDRA, incluso dentro del horario de trabajo del Senave, como pudo observarse en el taller sobre seguridad alimentaria, dirigido por ella misma, realizado en agosto pasado durante todo el día en la sede de Coomecipar (ver publicación adjunta).
Así como esta, Silvia González realiza permanentemente actividades en nombre del CEIDRA; sin embargo, poco y nada se la ve dentro del Senave, según funcionarios de la institución, a pesar de recibir un jugoso salario del ente público y pese a estar contratada y nombrada dentro de la institución.
Todo queda en familia
Por si todo esto fuera poco, otra de las personas beneficiadas por Miguel Lovera es la también abogada Leticia Helena Escauriza de Bilbao, hija de Silvia González de Escauriza.
Leticia Escauriza ingresó como contratada al Senave hace un poco más de un año y en un meteórico ascenso ya fue nombrada por Resolución Nº 639 del 23 de agosto pasado, con el cargo de titular interina de la Secretaría de Asuntos Internos (departamento que ha iniciado una persecución en contra de los funcionarios que denuncian irregularidades dentro del ente).
Recordemos que dentro del Senave existen funcionarios que hace décadas esperan su nombramiento con un salario digno. La aventajada funcionaria fue nombrada con la categoría B2X - FF30, al que corresponde un salario de 4.482.800 guaraníes, a lo que deben sumarse responsabilidad en el cargo, grado académico y remuneración extraordinaria, totalizando así un sueldo de 8.850.000 guaraníes aproximadamente. Es decir que madre e hija perciben del Senave mensualmente cerca de 18 millones de guaraníes.
Recordemos que Hacienda rechazó el pedido de ampliación presupuestaria del Senave por falta de garantías, lo que demuestra la delicada situación económica de la institución. Pero aun así continúa el despilfarro en el ente.
¿Y la Contraloría?
Señalemos además que Lovera no ha respondido una sola de las denuncias que hemos publicado como tampoco responde a los llamados de ABC para conocer su versión. La pregunta es ¿por qué no interviene la Contraloría General de la República ante las graves irregularidades denunciadas?
Censura total de Lovera
Finalmente, en un hecho hasta si se quiere bochornoso, luego de las denuncias publicadas por ABC, en especial sus viajes a todo lujo, Lovera ordenó el bloqueo total del acceso a internet dentro de la institución, a pesar de que se pagan al año unos G. 200 millones por el servicio. Lovera muestra así su lado autoritario y opresor y coarta el derecho a informarse que tienen los funcionarios del Senave.
Apenas asumió, Lovera comenzó en el Senave un desmesurado agigantamiento de la institución creando nada menos que 85 nuevos cargos elevados entre jefaturas y coordinaciones, además de la contratación de 150 nuevos funcionarios.
Para muestra, un botón
Una de las personas que ingresaron al Senave de la mano de Miguel Lovera es la coordinadora general del Centro de Estudios e Investigación de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA), Silvia Helena González de Escauriza. Es importante señalar que tanto el CEIDRA como Alter Vida y la Red Rural trabajan juntos en el proyecto de ley de seguridad alimentaria.
Miguel Lovera, por Resolución Nº 211 del 23 de marzo de 2011, dispuso la modificación del contrato de Silvia González asignándole un salario mensual de G. 6 millones, a lo que debe sumarse el 50% por responsabilidad, es decir que cobra unos G. 9 millones al mes.
En mayo del 2011, la misma ejecutiva del CEIDRA es designada asesora jurídica del Senave por Resolución Nº 415 y el 6 de julio, por Resolución Nº 515, Silvia González ya es nombrada en el cargo de asesora jurídica.
Cabe señalar que en la modificación del contrato de Silvia González se menciona claramente en la Cláusula Tercera: Como retribución por los servicios que prestará, en la jornada legal de trabajo establecida, el/la CONTRATADO/A percibirá la suma de G. 6 millones mensuales.
Sin embargo González de Escauriza sigue ejerciendo sus funciones normales en el CEIDRA, incluso dentro del horario de trabajo del Senave, como pudo observarse en el taller sobre seguridad alimentaria, dirigido por ella misma, realizado en agosto pasado durante todo el día en la sede de Coomecipar (ver publicación adjunta).
Así como esta, Silvia González realiza permanentemente actividades en nombre del CEIDRA; sin embargo, poco y nada se la ve dentro del Senave, según funcionarios de la institución, a pesar de recibir un jugoso salario del ente público y pese a estar contratada y nombrada dentro de la institución.
Todo queda en familia
Por si todo esto fuera poco, otra de las personas beneficiadas por Miguel Lovera es la también abogada Leticia Helena Escauriza de Bilbao, hija de Silvia González de Escauriza.
Leticia Escauriza ingresó como contratada al Senave hace un poco más de un año y en un meteórico ascenso ya fue nombrada por Resolución Nº 639 del 23 de agosto pasado, con el cargo de titular interina de la Secretaría de Asuntos Internos (departamento que ha iniciado una persecución en contra de los funcionarios que denuncian irregularidades dentro del ente).
Recordemos que dentro del Senave existen funcionarios que hace décadas esperan su nombramiento con un salario digno. La aventajada funcionaria fue nombrada con la categoría B2X - FF30, al que corresponde un salario de 4.482.800 guaraníes, a lo que deben sumarse responsabilidad en el cargo, grado académico y remuneración extraordinaria, totalizando así un sueldo de 8.850.000 guaraníes aproximadamente. Es decir que madre e hija perciben del Senave mensualmente cerca de 18 millones de guaraníes.
Recordemos que Hacienda rechazó el pedido de ampliación presupuestaria del Senave por falta de garantías, lo que demuestra la delicada situación económica de la institución. Pero aun así continúa el despilfarro en el ente.
¿Y la Contraloría?
Señalemos además que Lovera no ha respondido una sola de las denuncias que hemos publicado como tampoco responde a los llamados de ABC para conocer su versión. La pregunta es ¿por qué no interviene la Contraloría General de la República ante las graves irregularidades denunciadas?
Censura total de Lovera
Finalmente, en un hecho hasta si se quiere bochornoso, luego de las denuncias publicadas por ABC, en especial sus viajes a todo lujo, Lovera ordenó el bloqueo total del acceso a internet dentro de la institución, a pesar de que se pagan al año unos G. 200 millones por el servicio. Lovera muestra así su lado autoritario y opresor y coarta el derecho a informarse que tienen los funcionarios del Senave.