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Entre los años 2005 y 2010, la Contraloría General de la República, al mando de Octavio Airaldi, si bien tuvo la autorización del Gobierno del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, de examinar las cuentas de Yacyretá, no recibió el mismo trato en el lado argentino, ya entonces manejado por Óscar Thomas, hoy procesado.
Al rememorar aquel incidente, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, a la sazón director de Asuntos Jurídicos de la CGR, dijo a nuestro diario que la delegación paraguaya fue “literalmente echada” de la sede de Yacyretá en Buenos Aires.
Ávalos recordó, asimismo, que en aquel entonces el “plan general” de la Contraloría era realizar una auditoría conjunta con su par argentino: Auditoría General de la Nación (AGN). “Ellos, desde un principio se negaron. El propio auditor general decía que para ellos era prácticamente imposible, que políticamente jamás les iban a dejar hacer la auditoría que ellos querían”, afirmó.
Comentó que la AGN venía realizando anualmente una simple auditoría contable y revisaba lo que la dirección de Yacyretá quería y, sobre esa base, sacaba un informe. “El propio auditor general nos decía que esa auditoría no servía absolutamente para nada”, aseveró.
Dijo que cuando la delegación hizo los primeros pedidos (fotocopias de documentos) ya surgió el primer problema, y se dio la orden de que no se podía hacer copias, y luego la invitación a retirarse.