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Son excesivos los plazos de ejecución de contratos fijados por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) para la provisión de tecnologías, teniendo en cuenta que pierde docenas de usuarios cada mes.
Los contratos adjudicó a Bullers SA y SG Tec, de Óscar Chamorro Lafarja (hijo del exdiputado colorado José Chamorro), que desde hace cuatro años presta servicios de seguridad a través de Security Service Tecnology (SST). Inclusive Copaco le multó por incumplimiento, pero luego le devolvió la mitad del dinero.
Según datos de Contrataciones Públicas, Bullers consiguió en diciembre de 2018 un contrato de G. 17.749 millones para instalar en 26 meses “elementos pasivos para la red primaria y secundaria de fibra óptica” en las centrales Trinidad, Santa María, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Tembetary, Luque, Sajonia, San Vicente, Villarrica y Pilar. Copaco le adelantó G. 3.300 millones.
El pliego exigía cinco años de experiencia en la instalación de este tipo de red, pero hay dudas, puesto que solo proveyó computadoras y cámaras.
El 28 de agosto le dio otros G. 4.339 millones, a CG Tec SA, para instalar en tres años 48 puertos GPON en las centrales Trinidad, Santa María y Luque; 64 en San Lorenzo; 80 en Fernando de la Mora; 40 en Tembetary y San Vicente; 32 en Sajonia; 56 en Villarrica y 48 en Pilar, según el detalle. Le dio un adelanto de G. 754.807.000.
El 12 de setiembre le otorgó la compra de modems, splitter y microfiltro para internet ADSL2 por G. 3.498 millones, con un plazo de 24 meses. El adelanto fue de G. 338 millones.
Para la sindicalista Carmen Irala, “Copaco debe reducir el tiempo para migrar a los clientes del cable de cobre sobre fibra óptica”.
La diferencia se nota al mirar el cuestionado contrato de diciembre de G. 71.000 millones del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para instalar en 220 días equipos para la red nacional de fibra. El contrato dio a Celexx SA, representada por Marco Domaniczky.
Maraña de empresas a fin de acaparar
Óscar Marcelo Chamorro Lafarja creó una cantidad de empresas para acaparar las licitaciones de empresas del Estado. Resaltan en la lista Bullers SA, CGTEC SA, NIC SACIS, Cevima, Doram SACI, SST SA y Alta Finca. En algunos contratos aparece la firma del propio Chamorro Lafarja. En 2008 la Contraloría comprobó que Doram estafaba a la Copaco y al IPS, pero nunca fue procesado por este hecho.
slopez@abc.com.py