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Conforme a los antecedentes, en partes publicados en 2010 por el sitio web venezolano “Aporrea”, en setiembre del 2009, una funcionaria del BID denunció a la sede central del Banco que su representante en Haití, Eduardo Almeida, le había solicitado adulterar los balances de una empresa que recibiría un préstamo de US$ 1,5 millones. El BID le respondió que ya estaban al tanto de la situación por información del propio Almeida, y le advirtieron que no volviera informar sobre ningún tema directamente a la sede, ya que esas cosas, “se resolvían en casa”.
El proyecto fue aprobado y después ampliado por más de medio millón de dólares. En febrero de ese año, ya después del terremoto, las denuncias fueron sobre otro proyecto millonario sospechoso. El BID iba a financiar la construcción de viviendas para los haitianos damnificados por el terremoto en el barrio Croix des Bouquets por US$ 3,5 millones, pero las viviendas se construirían en los terrenos de un particular, dueño a su vez de la constructora para esas viviendas. El BID alquilaría el terreno a esta persona por dos años, construiría en su terreno las viviendas contratando y después de esos dos años, el dueño podría rescindir el contrato de alquiler del terreno, con sólo tres días de anticipación, y quedarse con las viviendas, desalojando a los haitianos que allí vivían.
Respuesta de Almeida
En contacto con ABC Color, Almeida se refirió a la denuncia diciendo que “hubo un problema con esa señora (denunciante en Haití) en términos de recursos humanos porque el BID tuvo que terminar el contrato con esta persona”, y recordó que luego, la misma hizo varias otras denuncias que obligaron al Banco a investigar a través de un bufete de abogados de EE.UU. Hubo un proceso que duró dos años en el que se demostró que las supuestas irregularidades fueron “totalmente falsas. Ahí terminó la cosa”, alegó.
Después se prosiguió con otra investigación en el tribunal administrativo del BID, y en enero del 2015 se decidió rechazar la denuncia por improcedente. Recordó que una firma privada gestionó un préstamo de unos US$ 400.000, que finalmente no se concretó, porque a pesar de ser aprobado el crédito, la firma no fue elegible. “El BID tiene publicados todos los casos de incidentes en su página web. Fue un caso muy lamentable porque, incluso, fui muy amigo de esa señora”, concluyó.
El caso Cubillos
En 2008, se informó que Cubillos, quien fue trasladado a Guatemala tras las denuncias surgidas en Paraguay, había sido desvinculado finalmente del BID, justamente por las fuertes evidencias surgidas de haber estado metido en casos de corrupción en nuestro país. Cubillos estuvo en Asunción entre el 2002 y el 2007.
Imposición en “puerto”
Volviendo a Almeida, fue consultado también sobre la imposición de un arquitecto argentino para el proyecto de remodelación del puerto de Asunción por parte del BID. “Lo que hicimos fue buscar los arquitectos que más entienden sobre el asunto en la región, como la gente que hizo trabajos similares en Santa Fe y Puerto Madero de Argentina. Propusimos los nombres al Gobierno, que finalmente aceptó. Lo que se publicó en la prensa de que hubo imposición por parte del BID sobre los profesionales que tienen que trabajar en el proyecto, no aconteció”, remarcó.