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El caso está en el juzgado en lo comercial a cargo de la jueza Nilda Concepción Benítez.
El remate del patrimonio de la entidad cooperativa se realizó el 30 de marzo pasado, en el Palacio de Justicia de esta ciudad. El acreedor, el Banco Itapúa, tenía un crédito hipotecario y se adjudicó tres inmuebles ubicados en el distrito de General Artigas por unos G. 113 millones; mientras que uno solo de los bienes supera los G. 1.000 millones, explicaron los abogados Antonio Yeza y Juan Ángel Cabrera, representantes convencionales de los exempleados.
Mencionan que en el remate se omitió lo que manda la ley especial de bancos en lo relativo a la base de venta de ejecuciones hipotecarias, por lo tanto, al carecer de un requisito material indispensable, es un acto nulo, sostuvo Yeza.
Agregó que este proceso viciado “violenta un principio, comprendido en el Art. 247 del Código Laboral, que da un carácter de singularmente privilegiado a los créditos por salarios o indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores de la cooperativa.
Entre los bienes subastados figuran edificios, una finca de 11 Ha. con una fábrica de miel, plantaciones de eucaliptos y mejoras. El inmueble más grande lo remataron en G. 58.145.000, un monto irrisorio considerando el valor de los bienes, se quejó.
El Incoop detectó faltantes de dinero de ahorristas y pagarés, así como contratos adulterados por cerca de G. 8.000 millones. Los socios y trabajadores se quedaron sin nada. El caso cobró notoriedad tras el suicidio del gerente Ramón Acuña el año pasado.