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Uno de los casos más cuestionados que se dieron a conocer es el de Jair Weber Weber, vocero de los colonos que ayer firmó un “acuerdo de pacificación” con autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y líderes de los campesinos que habían sido desalojados el mes pasado de la colonia Guahory (distrito Tembiaporã, Caaguazú).
La representante legal de los labriegos, Abog. Mirian Cristaldo, mostró a través de documentos cómo fue el esquema utilizado para que terceros lucren con tierras estatales, que debieron destinarse a la reforma agraria. Estas personas compraron del ente agrario lotes a menos de G. 450.000 por hectárea, los revendieron a US$ 3.833/Ha y hoy, el valor de los inmuebles es al menos de tres veces más en la zona.
Reventas ilegales
Óscar Joaquín Díaz Solís, hermano del exadministrador regional del Indert en la zona, de nombre Julián Armando Díaz Solís, compró el Lote 13 de la manzana B (9 HA) en 2003, a G. 3,7 millones. También Mercedes Marciana Solís Vda. de Díaz, madre del citado funcionario público, compró el Lote 15, Manzana B (9 HA) a un precio de G. 3,6 millones, en el año 2003. A su vez, Graciela Lorenza López Rojas adquirió el Lote 5 de la Manzana A (9 HA) a G. 3,1 millones en 2001 (ver facsímil).
Posteriormente, a través de un mismo contrato fechado en marzo de 2008, las tres personas citadas revendieron esos mismos lotes a Weber, por un valor de US$ 103.500.
En ese entonces, el citado colono ya había sido adjudicado por el ente rural con tres lotes y ya no podía comprar más tierras fiscales, al menos lícitamente.
Así que, violando el Art. 90 de la ley 1863 del Estatuto Agrario, que habla de las restricciones sobre inmuebles adjudicados, los que habían sido adjudicados, revendieron sus tierras antes de que se cumplieran los 10 años establecidos para una siguiente transacción (plazo que empieza a correr después del último pago).
Mintió a la prensa
ABC había conversado el lunes último con Weber por vía telefónica y este aseguró que solo cuenta con las tierras que el ente rural le adjudicó en el pasado, unas 38 hectáreas. Ayer, en conferencia de prensa, se le consultó de nuevo sobre las compras que realizó irregularmente y reconoció que adquirió “un pedazo de tierra” de Díaz Solís, aunque alegó que “no sabía cómo era la ley antes”. Sin embargo, no mencionó las demás transacciones en contra del Estatuto Agrario.
De acuerdo con los datos, Weber compró otro inmueble de Graciela López Rojas, la misma que ya le había vendido un lote. Esto fue en junio de 2010, al adquirir por US$ 75.000 los lotes 3 y 4 de la manzana A.
Todas estas transacciones al margen de la ley se originaron a expensas del funcionario Díaz Solís, que hasta ahora no tiene siquiera una denuncia fiscal en su contra, sino apenas un sumario.
Justo Cárdenas, presidente del Indert, dijo ayer a la prensa que no pueden echar al trabajador, por limitación de la ley de la Función Pública, y no dio muchas esperanzas acerca de un posible proceso judicial. “Pasaron 16 años. Si bien es cierto, los actos nulos no prescriben, no sé si tendríamos la posibilidad de generar un hecho jurídico importante en contra de él”, argumentó.
De este modo, en Guahory existe hoy un enorme conflicto social iniciado en la corrupción del ente, sin que nadie haya recibido el debido peso de la justicia.