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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) estaba a punto de adjudicar un lote de 4.000 hectáreas a un compatriota que tiene solicitud, mensura, ocupación y posesión, según los documentos del expediente. Se trata de Marcelo Leguizamón, quien denunció ante nuestro diario las maniobras de las que fue víctima en el Indert.
ABC entrevistó al respecto a los abogados María José Acuña, directora de la Región Occidental del Indert, y Carlos Peralta, miembro de la misma dependencia, quienes explicaron por qué no se adjudicó a Leguizamón el lote en cuestión, identificado como “C3” de la zona de Gabino Mendoza, en Bahía Negra (Alto Paraguay).
Contradicciones
Según dijeron, el solicitante gestionó el expediente por la vía equivocada, ante la Gerencia General del Indert, en lugar de la Dirección de la Región Occidental; sin embargo, en el expediente se observa que el documentó ingresó a través del área correspondiente, que es la oficina central de trámites.
Otro cuestionamiento de los abogados es que el recurrente en principio no pidió el lote “C3”, sino que hizo una solicitud genérica que correspondía a otro inmueble. Pero, en realidad, esa duda quedó disipada al realizarse una mensura judicial, promovida en setiembre de 2012, cuya sentencia definitiva fue emitida en julio de 2013 y cuyo plano resultante fue registrado en 2015.
Los representantes jurídicos del ente agrario dicen que el lote en cuestión fue solicitado con anterioridad por otra persona, llamada Ricardo Romero. Pero los documentos revelan que, si bien hay otro solicitante, el que pidió las tierras primero fue Leguizamón, en su expediente 801.212 del año 2012, mientras que Romero tiene el legajo Nº 2.163 del año 2013, gestionado en la administración del cuestionado expresidente Luis Ortigoza.
El expediente de Romero hace referencia a una fracción que tiene coordenadas diferentes a las que aparece en la mensura de Leguizamón y ni siquiera menciona que se trata del lote C3.
Posturas encontradas
Según dijo Acuña, el análisis de este caso se había derivado al abogado José Latorre, del Indert, a pedido del presidente, en busca de una “audiencia de conciliación” entre las partes, porque tienen “posturas encontradas”. Pero a criterio de Peralta, Leguizamón quiso “pasarse de vivo” y “nunca ocupó las tierras”, sino que se aprovechó de las mejoras introducidas por Romero.
El expediente muestra que la historia es exactamente contraria. Todo indica que el que estaba con anterioridad en las tierras fue el primer solicitante y que el segundo entró a la fuerza y consiguió un informe favorable del Indert. Eso, pese a que Leguizamón ya tenía entonces mensura registrada y hasta pagos (ver facsímil).
Según revelan los documentos, Romero desocupó el terreno tras la intervención fiscal promovida por el afectado, pero ahora continúa la disputa por el lote en el ámbito jurídico.
En Indert mienten
El representante legal del compatriota perjudicado, Abog. Gabriel Zayas, dijo a ABC que Acuña y Peralta mienten a la opinión pública y que como abogados no pueden desconocer la sentencia definitiva en favor de Leguizamón sobre la mensura de las tierras, una de las pruebas de posesión.
Este es uno de los tantos casos conflictivos del Indert que estropean la imagen de supuesta transparencia y honestidad que quiere dar la actual administración, presidida por Justo Cárdenas.