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La actual administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) había denunciado ante la Fiscalía la venta de lotes chaqueños a solo G. 30.000/Ha durante la gestión de Luis Ortigoza al frente del ente; sin embargo, ahora hace exactamente lo mismo, al allanarse en el juicio de cobro por consignación y ejecución de resoluciones judiciales promovido por Jhonny Chien Kuo Almeida, Evelyn Pein Chim Kuo Almeida y Blanca Gamarra.
La maniobra de Cárdenas, que afecta a lotes de la colonia Mayor Pablo Lagerenza de Bahía Negra (Alto Paraguay), se realizó de forma solapada, sin siquiera notificar a las partes involucradas y perjudicadas, según los documentos a los que accedió ABC, tal y como se detalla a continuación.
En octubre de 2015, la actual administración logró por vía judicial un acuerdo con 13 compatriotas para que estos paguen G. 1.900 millones por cada lote de 4.000 Ha (ellos habían sido adjudicados durante la gestión de Ortigoza). La disposición de los nuevos precios se dio mediante el AI Nº 1.072, del juez penal de Garantías Hugo Sosa Pasmor.
En teoría, el ente agrario logró un beneficio patrimonial de G. 24.700 millones en dicha operación, que los beneficiarios se comprometieron a pagar en cuotas. Sin embargo, para poder percibir la totalidad de la suma, se necesita la suscripción de un acuerdo con el ente, que Cárdenas no ha firmado.
En noviembre de 2015, una comitiva de funcionarios del Indert realizó verificaciones de algunas de estas propiedades, específicamente las que aún no estaban inscriptas en Registros Públicos (4 del total de 13). El objetivo fue controlar si los compatriotas se encontraban en posesión y ocupación, lo cual pudo ser corroborado y se dejó constancia de ello en informes firmados por el técnico Jorge A. Vielma y el Abog. Nicolás Yegros.
Empero, en diciembre de 2015, a través de la resolución N° 4.543, Cárdenas revocó las resoluciones de adjudicación sobre tres lotes y anuló los títulos emitidos a nombre de Anselmo Benítez, Ide Joel González y Alfredo González, pese a que estos no tenían objeciones en cuanto al cumplimiento del Estatuto Agrario.
En el mismo documento, la institución se allana al juicio iniciado por terceros (Gamarra y los Kuo Almeida), que solicitaron por vía judicial las mismas tierras a un precio de apenas G. 120 millones por lote de 4.000 Ha (G. 30.000 por hectárea). Se puede colegir, entonces, que el único motivo para despojar a los propietarios de las tierras era beneficiar a los tres nuevos recurrentes.
Los afectados no sólo no han recibido notificación de que sus adjudicaciones fueron revocadas, sino además el Indert les siguió cobrando las cuotas por sus lotes. El último pago se realizó en abril de 2016, lo cual puede constituirse en una estafa.
Incluso, también en abril, los compatriotas afectados iniciaron un juicio de amparo de pronto despacho contra el Indert, para urgir la firma del acuerdo de modo a poder pagar los G. 24.700 millones. Como resultado de esa acción, la jueza María Teresa Franco emplazó al ente agrario a firmar dicho documento en 15 días.
En mayo siguiente, el representante legal del instituto, Abog. Pedro Alvarenga, respondió con una presentación de planillas de liquidación de los beneficiarios (que contenían los pagos realizados hasta entonces) y pidió que se corra traslado a las partes, para la posteriormente firmar el acuerdo con Cárdenas. Nuevamente, en ese momento no se mencionó que tres títulos ya habían sido anulados y tampoco se llegó a concretar la rúbrica del compromiso.
No da explicaciones
Esta semana, Cárdenas envió una carta a ABC y tras varios párrafos de improperios contra nuestro director, se limitó a resaltar la “recuperación” de los G. 24.700 millones, que calificó de un “hito” en la historia institucional.
En la misiva, dio a entender que la resolución judicial se está cumpliendo a la normalidad con el pago de los 13 beneficiarios de tierras del Chaco, con el cronograma establecido; pero no informó que revocó la adjudicación a tres de ellos ni explicó por qué no ha firmado el acuerdo, para garantizar la protección del patrimonio estatal.
Se incurrió en desacato
El Indert incurrió en desacato del AI 1.072 del juez Sosa Pasmor y de la sentencia definitiva de la magistrada Franco, según afirmó el representante legal de los 13 compatriotas, Abog. José Prieto. Ellos son: Ide González, Enriqueta Guerrero, Alfredo González, Silo Guerrero, Anselmo Benítez, Bernardino Benítez, Antenor González, Hermes Barrios, Mirtha Graciela Díaz, Elvio Araújo, Lourdes Araújo, Martín López y Lino Marín.
“No podemos seguir pagando porque no tenemos seguridad sobre las inversiones, porque el Indert está queriendo dar los lotes a otras personas”, resaltó.
Incoherencia de Cárdenas
Justo Cárdenas denunció por lesión de confianza a Luis Ortigoza por haber vendido lotes del Chaco a G. 30.000/Ha, pero al allanarse al juicio donde tres personas pretenden las mismas tierras por igual precio, incurre en una total incoherencia.
En conversación con ABC, Ortigoza dijo que además del desacato, Cárdenas estaría incurriendo en lesión de confianza, pero a él ni siquiera lo imputan. “Los chinos (que pretenden las mismas tierras) viven en San Lorenzo y tienen fábrica de plástico, no viven en el Chaco, según lo que me acuerdo del caso”, agregó.