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La ANDE tiene serios problemas en cuanto al suministro de energía eléctrica por la falta de inversiones en su infraestructura, pero aún así, factores políticos harían que la entidad pague de más unos G. 3.000 millones por servicio de seguridad.
En efecto, la licitación pública Nº 1218/16 para la contratación de servicios de vigilancia en locales de la ANDE de todo el país fue adjudicada en varios lotes a las empresas Tapiti SRL, de los expolicías Vidal y Viviano Machado; Watchman SRL, representada por Jorge Miguel Palumbo y Security Service Tecnology (SST SA), representada por Juan Antonio Guerrero, por un monto global cercano a los US$ 10 millones.
Sin embargo, la firma Tapiti SRL presentó protesta por los Lotes 1, 2, 4, 7 y 8 en los que la referida empresa quedó fuera por presentar ofertas superiores en G. 3.328 millones.
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Santiago Jure, quien en principio rechazó una investigación de esta licitación, curiosamente luego cambió de postura y resolvió que se anulen las adjudicaciones, según solicitaron los expolicías, y pidió a la ANDE retrotraer la licitación a la etapa de evaluación de las ofertas.
Para pedir que se anulen las adjudicaciones, se argumentó que supuestamente la firma SST SA no paga vacaciones a sus empleados acorde al salario vigente en el sector.
Pero la ANDE, a cargo del ingeniero Víctor Romero, antes que evaluar de nuevo las ofertas, tal como lo recomendó la DNCP, procedió automáticamente a la anulación de las empresas STT y Watchman, para luego adjudicar a Tapiti SRL y al Consorcio Sevipar, representado por el militar retirado Alfonso Mauricio Jacobo Ríos. Y esto justamente le obliga a la ANDE a pagar de más los G. 3.328 millones en beneficio de la empresa Tapiti SRL.
Nueva protesta
Tras el llamativo cambio de postura de la DNCP y de la ANDE, la empresa SST SA también presentó una protesta ante Contrataciones Públicas, alegando que en ningún momento se le permitió refutar los argumentos esgrimidos por Tapiti SRL para anular su adjudicación.
Además, sostuvo que le asiste el derecho de la igualdad para demostrar documentadamente que la anulación de su adjudicación no corresponde.
“El acto recurrido violenta los principios generales previstos en el Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, dado que mi oferta no fue analizada bajo el mismo pie igualitario que las demás, sin haberse empleado los mecanismos previstos en la legislación señalada, que pudieran demostrar el cumplimiento con todos los requisitos del PBC (pliego de bases y condiciones)”, señala la protesta presentada por SST SA.
Queda ahora en manos de la DNCP resolver este conflicto que, de mantenerse así como está, representará para la ANDE un multimillonario costo adicional, que en definitiva podría ser utilizado en mejorar el deteriorado servicio de suministro.