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El perjuicio patrimonial a la EBY está dado por el hecho de que para la fijación de la tarifa y financiamiento de energía eléctrica, se dejó de lado lo previsto en el capítulo III del Anexo C del Tratado y se dispuso aplicar la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 –no ratificada por el Paraguay– que establece una tarifa por debajo de los costos de producción y que no incluye el pasivo del proyecto.
“A pesar de haber sido rechazada por Resolución Nº 492 del 15 de junio de 1995, de la Cámara de Senadores, de hecho y arbitrariamente, los directivos de la EBY la están aplicando inconstitucionalmente, generando un perjuicio patrimonial sin precedentes”, afirmó Walter Cardozo, quien integra la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá. Agregó que la citada Nota Reversal fue elaborada con el fin de eliminar la facturación de potencia, cuyo concepto representa el 60% de los ingresos que tendría que tener Yacyretá.
“Lo más grave es que vía decretos fueron ratificadas inconstitucionalmente todas las violaciones al Tratado de Yacyretá por los sucesivos gobiernos anteriores hasta la actualidad”, indicó Cardozo para quien sin el apoyo de la fiscalía y el poder judicial no se podría haber llevado un saqueo de esta magnitud. Dijo esto en referencia a la denuncia que presentó ante la fiscalía de Delitos Económicos y que fuera desestimada por la agente Victoria Acuña. La decisión del Ministerio Público fue apelada por la comisión y ahora está en manos de los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Anselmo Aveiro, quienes integran el Tribunal de Apelaciones.
Denuncia de Robadín
El exsacerdote Pedro Robadín formuló una denuncia ante la Unidad 13ª del Ministerio Público contra el asesor jurídico de la EBY, Luis Fernando Canillas, por el supuesto delito de asociación criminal, lesión de confianza y violación del Tratado de Yacyretá.
Según el denunciante, Canillas incumplió sus funciones como funcionario designado por el Gobierno paraguayo para cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Tratado. Entre otras cosas, lo acusa de no haber impedido la implementación del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), que es considerado ilegal, ya que “fue creado por decreto y atenta contra los altos intereses de la nación paraguaya”.
Robadín asegura que su denuncia no es con fines políticos, pero cuestionó que Canillas esté más preocupado en denunciar a quienes se oponen a la enmienda que por cumplir la misión para la cual fue nombrado en la EBY. Añadió que todas las pruebas documentales referentes a su denuncia obran en poder del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados junto con los antecedentes del fiscal Fabián Centurión.