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El Congreso Nacional es una caja de resonancia de todos los absurdos que se puedan imaginar.
La Cámara de Senadores aprobó el pasado 28 de junio el proyecto de ley que “declara área silvestre protegida con categoría de manejo paisaje protegido a la cuenca del río Yhaguy desde las nacientes hasta la desembocadura”.
La excusa de proteger el paisaje del río se utiliza para ocultar el verdadero trasfondo del problema: el cultivo de arroz de la empresa Ganadera Piripucu.
Un grupo de vecinos de la localidad de 1º de Marzo cuestiona en forma virulenta el arrozal instalado por Ganadera Piripucu en las inmediaciones del río Yhaguy.
La firma Piripucu cuenta con todos los permisos ambientales tanto para la explotación del arrozal como para el uso de agua del río.
El proyecto de cultivo de arroz abarca una superficie de 700 hectáreas.
Cómo no se logró detener el proyecto arrocero, entonces se plantea un proyecto de ley con la excusa de proteger la cuenca del río Yhaguy.
200 kilómetros de paisaje
El proyecto de ley original fue presentado por los entonces senadores Luis Alberto Wagner y Jorge Oviedo Matto; fue aprobado el 28 de junio pasado.
El artículo 1 del proyecto dice: “Declárase como Área Silvestre Protegida... la zona que abarca desde las nacientes, el cuerpo de agua principal hasta la desembocadura del río Yhaguy al río Manduvirá y sus divisorias de cuencas” (negritas son nuestras).
Agrega: “Tanto aguas arriba como aguas abajo del río Yhaguy abarcará 100 metros como mínimo en ambas márgenes del referido río” (negritas son nuestras).
El río Yhaguy, desde su naciente hasta convertirse en el río Manduvirá, tiene una extensión de 200 kilómetros de largo.
Un paisaje de 200 kilómetros de largo es un completo absurdo.
En su recorrido por el departamento de Cordillera, el Yhaguy cruza ocho ciudades. A modo de ejemplo, en Piribebuy atraviesa el centro de la ciudad.
El sentido común indica que un paisaje digno de protección es, por ejemplo, el Salto de Piraretã.
Aquí estamos hablando de un paisaje bien específico, de un bien concreto que el Estado podría instalar bajo su protección.
Pero ¿qué hacer con propiedades a lo largo de 200 kilómetros de largo con sus múltiples usos?
Motivo de conflictos
Para el cumplimiento de los fines de la ley, ocho municipios más la gobernación cordillerana junto con el Ministerio del Ambiente deberán consensuar el uso de un espacio que tendría protección del Estado.
El proyecto de ley aprobado en el Senado habla de protección del “cuerpo de agua principal” más “sus divisorias de cuencas”.
La infografía que acompaña nuestra página permite observar la extensión del “paisaje”.
La ley, de aprobarse, es de cumplimiento imposible. La consecuencia inevitable será el inicio de conflictos y se convertirá en herramienta de chantaje a productores en general.