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“Con Justo somos amigos, fuimos compañeros en la Cámara de Diputados durante cinco años y se consolidó una gran amistad. Eramos del mismo movimiento, del proyecto del Ing. Castiglioni, estuvimos en la misma bancada. Pero no hay una asociación ni tráfico de influencias, no existe eso. Mi esposa es escribana desde hace mucho tiempo y este es el único caso que tuvo del Indert”, afirmó Barrios ayer, en entrevista con ABC.
Según los datos, otras profesionales del rubro rechazaron hacer la escritura en cuestión debido a que no se debe realizar operaciones sobre un inmueble que tiene prohibición de contratar. Sin embargo, la esposa de Barrios aceptó y firmó el documento a través del cual la señora Lidia Oddone Vda. de Céspedes, de 99 años, transfiere la finca Nº 2.857 de Alto Verá (Itapúa) al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que no se pudo inscribir en Registros Públicos por las restricciones que pesaban sobre la propiedad. La traslación de dominio se realizó en diciembre de 2013 con la firma de Gini de Barrios, Cárdenas y de la apoderada de doña Oddone, la abogada Mariela Rivarola Aquino.
Al respecto, la escribana argumentó que ella solo se limitó a cumplir con el trabajo encomendado y que no hubo mala fe de su parte. Insistida en que en la escritura dice que no hay restricciones cuando sí las hay, respondió que a reglón seguido, el documento también “dice que reconoce como restricción una litis”.
“Es un cliché”
Cuando se le hizo notar que ambos postulados son contradictorios, respondió: “Pero lo último es lo que vale, lo otro es un cliché nomás que se pone y después se hace; es como una fórmula que se pone en la escritura siempre”.
No obstante, los embargos que pesan sobre la propiedad y la prohibición de contratar, debidamente informados al Indert y que constan en Registros Públicos, eran una limitante para firmar la traslación de dominio y más aún, realizar pagos por dicha propiedad. Aun así, Cárdenas entregó G. 2.674 millones en febrero de 2014 con inusitado apuro a la abogada Rivarola. ABC desconoce si llegó una parte del monto a doña Oddone, quien desde años vive en Argentina, pues hay versiones no oficiales de que el dinero se dividieron supuestamente entre Rivarola y administradores del instituto rural.
La finca Nº 2.857 fue expropiada en 2010 y se tasó con un valor de G. 5.350 millones, de los cuales ya se pagó 50%; está embargada por más de G. 2.800 millones que, de no levantarse, podría derivar en el remate de la propiedad. De ser así, el acreedor exigirá al Indert el pago del 100% de indemnización y el desembolso realizado por Cárdenas pasaría a ser un millonario daño patrimonial.