Dilatan investigación a intendenta por usurpar funciones de la ANNP

CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Con artimañas de distintos tipos se estaría dilatando la investigación abierta en el Ministerio Público en contra de la intendenta, Sandra McLeod de Zacarías (ANR), y concejales de la Junta Municipal anterior por haber emitido la ordenanza 002/2015 que dio pie a la futura instalación de un hotel casino en la zona primaria del Puente de la Amistad. Mientras, para permitir la ejecución de la obra, la Aduana ya resolvió mudar sus instalaciones a otro sector de la ciudad.

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En noviembre del año pasado, el asesor jurídico de dirigentes del Sindicato que reúne a los funcionarios de la ANNP (Administración Nacional de Navegación y Puertos), Nicolás Russo, presentó denuncia por usurpación de funciones públicas, asociación criminal, lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Fue contra la intendenta McLeod y los exconcejales colorados Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Celso Morel, Isaías Alvarez, Aida Molinas y Alberto Núñez, además de Juan A. Núñez, quien sigue siendo edil en este periodo.

Ellos aprobaron la ordenanza que “declara las 11 Ha. del predio de Puertos de Ciudad del Este (...), como área para desarrollo de un polo turístico con hotel y casino de reconocida cadena internacional, centros de exposiciones, así como áreas gastronómicas y áreas verdes”. La disposición fue homologada por la intendenta.

Russo asevera en su denuncia que al aprobarse la ordenanza, los concejales y la intendenta usurparon funciones del directorio de la ANNP, ya que el predio en cuestión es de esa institución y no municipal, violando igualmente la Ley Orgánica Municipal, que no les permite declarar áreas de desarrollo en propiedades de otras entidades.

A partir de la acusación, el fiscal Marcelo Saldívar abrió una causa y pidió a la Junta Municipal actual que remita copias del acta en la cual se resolvió la aprobación, de la misma ordenanza y de todos los documentos que guarden relación con el tema. El oficio del representante del Ministerio Público llegó a la corporación legislativa el 7 de enero, pero hasta ahora no se enviaron los instrumentos requeridos.

Según Russo, “en la Junta Municipal, ni el secretario general Blas Darío Domínguez, que es acólito de los Zacarías, ni el presidente de la Junta, Teodoro Mercado (PLRA), ni los concejales saben dónde está el oficio judicial. Directamente hicieron desaparecer ese documento”.

Además, dentro del mismo expediente, la exconcejala y funcionaria municipal Aida Molinas recusó al fiscal del caso el 9 de enero. “Ella todavía no está procesada, porque la causa está parada debido a que la Junta Municipal no presentó los documentos, que son claves, pero ya le recusó al fiscal”, indicó Russo.

El fiscal adjunto Alejo Vera rechazó la recusación, pero el abogado presume que se recurriría a otras chicanas para frenar el proceso judicial.

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