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Airaldi ejerció el cargo de referencia en el lapso comprendido entre el 2005 y el 2010 y fue su equipo el que, gracias una efímera apertura de las compuertas de las administraciones de las entidades binacionales, ingresó a las oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá a las de Itaipú. De acuerdo con los voceros de la Escuelita, la deuda espuria, denominada de ese modo por ABC Color en 1986, “es otro ejemplo de la sofisticada ingeniería de la ilegalidad que perpetró Brasil en perjuicio de nuestros intereses nacionales en la hidroeléctrica”.
Añade que el fraude fue oficializado en 1997 “con la complicidad de las autoridades de turno en el Palacio de López ...”.
La conferencia del excontralor está prevista para mañana, 3 de febrero, a partir de las 10, en el Centro Cultural El Lector (avenida San Martín casi Austria). La entrada es gratuita.
“La deuda espuria es el pasivo fraudulento, y por tanto ilegal, que se incluyó en la “renegociación” (1996) de la deuda de Itaipú con Eletrobrás, el principal organismo oficial brasileño del sector eléctrico”, agregan los organizadores.
Asimismo, apuntan que esa “obligación ilegítima” se originó cuando las autoridades brasileñas de la entidad binacional, “sin la oposición de ninguno de sus colegas paraguayos, vendieron energía por debajo del costo a Eletrobrás y a otras empresas del país vecino”.
Sobre la participación de la ANDE, en esta decisión que data de 1986, señalan que, “de manera mínima, también se benefició con ese precio fraudulento”.
Recordemos que el consumo paraguayo de la producción de la usina binacional no alcanzaba el 3% del total en 1986, igual en el siguiente año, 3,3% en 1988 y que el promedio de la participación nacional en el aprovechamiento de la energía en 33 años (1985/2017) fue de apenas un 7,2%.
Los voceros de la Escuelita recuerdan que el 16 de diciembre de 2010, la CGR, con la firma de su titular, Octavio Airaldi, declaró violatorio del Tratado y Anexos la decisión del Consejo de Administración de Itaipú sobre la “tarifa provisoria” de US$ 10/por KW-mes” que tomó en abril de 1986 “en beneficio sobre todo de las empresas brasileñas”.
“El contralor Airaldi fundamentó su decisión demostrando que el precio de venta no era suficiente para cubrir el costo de explotación de la usina. Tal acto ilegal fue nulo absoluto según las normas legales y administrativas de Itaipú.
La CGR estableció además que el perjuicio a la empresa hidroeléctrica, entre 1986 y 1990, por sus clientes brasileños “responsables del 98% del dolo”, ascendía al menos a US$ 400 millones.