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Las personas que fueron imputadas por este caso son: Denys Federico Richer Soarez y Graciela María Velaztiquí Achucarro, de la firma Prosper SRL; Luis Enrique Pomata Chávez (Comvence SA); José Luis Roldán Benítez, de la distribuidora Blanca Diana; Luis David Vera Gómez y Elías Yanho Álvarez, de Retail SA; Horacio Enrique Rey Mancilla y Juan Luis Paredes, de la empresa AJ SA; Leonarda Cardozo de Ovelar, por Imperio Águila Real Import Export; Óscar Francisco Barbadillo, por Digesa SA, y Rafael Salinas, de Distribuidora San Rafael.
Del relato de los hechos realizado por el fiscal Cristian Bernal se desprende que, en el cruce de documentos y datos que se hizo para determinar el origen del azúcar, existen varias dudas, teniendo en cuenta que ninguna de las empresas o personas afectadas por esta investigación logró demostrar el origen nacional del azúcar.
Además, los datos inconsistentes entre las documentaciones que presentaron las firmas estarían demostrando la existencia de un esquema montado para hacer ingresar azúcar de contrabando.
El pasado 10 de marzo, una comitiva encabezada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) intervino dos depósitos de las empresas AJ SA y Retail SA, del grupo AJ Vierci, ubicados en Itauguá. Los intervinientes decomisaron 160 toneladas de azúcar que estaban en el lugar, ante sospechas de que las metieron ilegalmente al país.
El MIC encargó a técnicos del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) que examinen muestras del producto. Los resultados del INTN indicaron que el azúcar no era de origen nacional, ya que contenía sustancias que están expresamente prohibidas a los ingenios azucareros paraguayos que las utilicen.
A esta situación, otro punto que cuestiona el MIC -y en el que también se basa el fiscal para hacer la imputación- es que ninguna de las empresas de la cadena comercial del producto pudo demostrar que la carga es de origen nacional. A esto debe agregarse el informe de Aduanas en el que consta que, en lo que va del año, no ingresó legamente un solo kilo de azúcar.
En la documentación que obtuvo el MIC de las oficinas de AJ SA y Retail SA, se tienen documentos que acreditan la compra de azúcar de Digesa SA. Sin embargo, la citada empresa no pudo demostrar el origen nacional del producto comprado. Ahora, la fiscalía tiene otros seis meses para investigar el caso y hacer las acusaciones pertinentes.
Empresas habilitadas
Elías Yanho, de Retail SA, en contacto con ABC Color, aseguró varias veces que las compras las hicieron de proveedoras habilitadas por las instituciones nacionales para la venta del azúcar y aseguró que tienen toda la documentación al respecto.
SUMARIO SIGUE EN LA DNA
Mientras la fiscalía ya presentó imputación en el caso de la investigación por el presunto contrabando de los 160.000 kilos de azúcar decomisados de los depósitos de las empresas pertenecientes al grupo AJ Vierci, el sumario administrativo que abrió la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para determinar la situación de la carga continúa. Hasta ayer, en la entidad dijeron que no había novedades y que todos los procedimientos siguen, como la presentación de descargos y defensas por parte de las 10 empresas involucradas.
La única entidad habilitada para determinar si hubo o no contrabando en este caso es justamente Aduanas, según reza el Código Aduanero.