Cargando...
La unión de dos grandes firmas, la portuguesa Mota Engil y la española Sacyr, hizo prácticamente imposible que exista competencia en el primer proyecto de Alianza Público-Privada (APP) que adjudicó el gobierno, la duplicación de las Rutas 2 y 7, que demandará una inversión que ronda los US$ 500 millones. De todas formas los fondos no serán problema, pues existe un soporte financiero superior a los US$ 600 millones, según lo explicado por Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz, consejero delegado de Sacyr Concesiones.
De acuerdo a Gómez del Río, apenas en mayo de este año acordaron consorciarse con la Mota Engil y la empresa paraguaya Ocho A para presentarse como grupo.
Esa alianza de última hora quedó en evidencia el día de la apertura de sobres, que se realizó en junio, un mes después, porque Sacyr había sido precalificada para competir por separado, mientras que Mota Engil lo hizo como consorcio, con Ocho A.
En los meses previos a la recepción definitiva de las ofertas hubo nada menos que cuatro postergaciones, según el Ministerio de Obras a pedido de las empresas.
Cuando se le consultó al consejero de Sacyr cómo llegaron a cerrar un negocio que requiere 500 millones de dólares de inversión, y garantías bancarias que cubran ese monto, apenas un mes antes de la apertura de sobres, sostuvo que ambas empresas “tenían el trabajo hecho”.
“La iniciativa fue nuestra, porque Ocho A cumplía los requerimientos que tenía que tener para nosotros el contratista local”, dijo.
La reunión final, según él, tuvo lugar en Asunción, y por Mota Engil asistió su máximo ejecutivo a nivel regional, João Parreira.
Agregó que le propusieron el acuerdo a Mota Engil porque ya habían trabajado con ellos en varias ocasiones. “Cada uno de nosotros tenía más de un año trabajando en su oferta, entonces, a partir del acuerdo no hubo mucho que agregar”, dijo. Aseguró que gastaron más de US$ 1 millón para preparar la oferta.
Ley posibilita acuerdos que anulan competencia
La misma ley que rige las licitaciones vía APP no obliga al Estado a volver a licitar los proyectos cuando existe una sola oferta en juego.
Esto significa que todos los proyectos de infraestructura que vayan a licitarse por APP podrían ser objeto de “acuerdos” entre grandes firmas para quedarse con ellos, impidiendo la competencia, con eventuales perjuicios a los intereses del país.