Cargando...
“Es falso que hay una política de despojo. No vamos a renunciar a derechos ferroviarios, pero necesitamos trabajar intensamente con el MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y los municipios”, dijo a nuestro diario el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Roberto Salinas, sobre la ley sancionada esta semana que busca rehabilitar el ferrocarril “Carlos Antonio López” y su primera etapa, el tren de cercanías Asunción-Ypacaraí “u otro medio de transporte masivo”.
Es que, de acuerdo con los términos del artículo 4° de la ley, para llevar adelante la reactivación de este medio de transporte masivo “se constituye en franja de dominio” del ferrocarril: a) En zonas urbanas, la distancia de siete metros contados a cada lado del eje central de la vía del tren (14 metros en total); b) En zonas rurales, la distancia de diez metros contados a cada lado del eje central de la vía del tren (20 metros).
Eso, pese a que el Código Rural, leyes y decretos de la República establecen que la franja de dominio del ferrocarril es de 20 metros a ambos lados de la vía, o sea, 40 metros de ancho en total. Sin olvidar que el trayecto va desde Asunción hasta Encarnación (376 kilómetros) y el ramal San Salvador-Abaí (62 kilómetros).
Es decir, el Estado estaría perdiendo el patrimonio de al menos 20 metros de ancho por los 438 kilómetros de extensión, que no solo implican los aproximadamente 8.760.000 m² de superficie, sino sobre todo, despojarse de la ubicación y posición estratégica, pues no hay otra vía que tenga esta conexión directa entre la capital y el Sur del país. Al respecto consultamos ayer al procurador general de la República Francisco Barriocanal y este explicó que tras revisar el trabajo de la Procuraduría, encontró que hubo intenso intercambio con Fepasa durante la gestión de su predecesor Roberto Moreno.
Concretamente, sobre la delimitación de la franja de dominio señaló que el área delimitada para esta primera etapa está calificada como una “franja que sería ancho administrativo”, al solo efecto de que el proyecto se ponga en práctica y sin entrar a analizar los títulos de propiedad del Estado.
“Donde más o menos puede despejarse esa duda es en el artículo sobre inscripción de los inmuebles (art. 8°), lo que implica la incorporación efectiva de toda la superficie y cada uno de los inmuebles (al patrimonio de Fepasa)”, indicó el procurador. Reconoció, no obstante, que lo que no queda muy claro es el papel que tendrá el MOPC, pues en el proyecto original no estaba involucrado.