Cargando...
Con llamativa premura, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmaron el contrato para la fiscalización de las obras de ensanche de las rutas 2 y 7, en este caso con el consorcio Cruz & Dávila-Electroconsult, por US$ 8,2 millones. Lo hicieron a pesar de que una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomienda suspender todo el proceso, tras la detección de indicios de irregularidades.
Solicitamos al Ministerio de Obras Públicas una copia del referido contrato, firmado sin informar a la ciudadanía ni a Contrataciones Públicas, pero ningún funcionario de dicha cartera quiso dar la cara. Más tarde, desde la Dirección de Comunicaciones enviaron un comunicado en el que se limitan a decir que apuraron el contrato de fiscalización “porque las obras de duplicación no pueden esperar más tiempo”.
Cruz & Dávila es la empresa chilena en la que trabajó Claudia Centurión, la directora de Proyectos Estratégicos, antes de pasar a ocupar este cargo en el MOPC. Antes de que se conociera su vinculación con dicha compañía, era ella quien daba explicaciones sobre el avance del proceso. Tan pronto como se supo, dejó de hacerlo.
“El MOPC decidió firmar el contrato con el Consorcio C y D-ELC, adjudicada para realizar la fiscalización de las obras de duplicación de las rutas 2 y 7. Esta decisión es para precautelar los intereses del país, ya que las obras de duplicación no pueden demorar más tiempo de lo estipulado en el contrato porque eso representará un desbalanceo económico importante que podrá reclamar la empresa contratista al Estado paraguayo”, reza el citado comunicado emitido por la Dirección de Comunicaciones del MOPC ante nuestra consulta.
Con la firma del contrato, el consorcio ya tiene derecho a cobrar un 10% de anticipo al MOPC, en este caso más de US$ 800.000.
Irregularidades
Una de las pesquisas abiertas por la DNCP y que motivó ahora la recomendación de suspender el proceso, se inició tras una protesta presentada por el Consorcio Vial Este, al que ni siquiera se le permitió presentar su oferta económica, pues lo descalificaron en la etapa técnica.
El consorcio denunció y más tarde se comprobó que las dos ofertas que seguían en carrera junto con la hoy adjudicada estaban salpicadas de hechos irregulares. Es el caso de la presentada por Typsa-Caen (US$ 10,2 millones). Typsa es la firma que por un contrato con la adjudicada para las obras (Sacyr-Ocho A-Mota Engil) se estaba haciendo cargo del diseño de la misma, y pretendía fiscalizar lo que ella misma diseñó. En el otro caso, el grupo Concretmat, que ofertó US$ 7,6 millones, acreditó como experiencia un supuesto contrato que nunca tuvo en Brasil.