Desalojan sin orden judicial

FUERTE OLIMPO (Carlos Almirón, corresponsal). Elvio Ferreira, poblador de la zona de San Carlos, perteneciente al distrito de Fuerte Olimpo, denunció que efectivos policiales de la comisaría de Toro Pampa procedieron a desalojarles a él y a su familia sin ninguna orden judicial. Los sacaron de las tierras que pertenecen a su hermano, según constan en los pagos realizados al antiguo Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). De acuerdo con los datos, el conflicto se dio debido a que un ganadero brasileño reclama las mismas tierras como suyas y el caso se encuentra actualmente a cargo del fiscal José Luis Casaccia.

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El lugar del conflicto se encuentra a unos 37 km de la población de San Carlos. En dicho sitio, el hermano de nuestra fuente, llamado Luis Sosa, adquirió del antiguo IBR 128 hectáreas y las ocupó por más de 35 años, señaló el denunciante.

El miércoles de la semana última, alrededor de las 17:00, dos empleados de Ferreira se encontraban trabajando en el lugar, colocando postes y cercados. De acuerdo con el relato, en ese momento vieron la llegada de una patrullera policial perteneciente a la comisaría de Toro Pampa, de la cual bajaron dos oficiales y exigieron a los trabajadores que salgan del lugar, en tono amenazante, con el argumento de que pertenece al ganadero brasileño Sergio Cassio, aunque sin exhibir ninguna orden de desalojo.

Aún así, los empleados de Ferreira salieron del sitio. “Fue la misma patrullera la que se encargó de trasladar las motocicletas y pertenencias de mis personales hasta un camino público, para luego mencionarles que no debían volver al lugar y procedieron a colocar candado al portón de acceso al lugar”, dijo Ferreira.

El ocupante original de las tierras en conflicto, Luis Sosa, había abandonado el sitio debido a que ya recibía presiones del brasileño, quien lo había denunciado por supuesto abigeato. Fue después de eso que su hermano se hizo cargo del inmueble, en donde existen una casa, cercados, potreros y varias otras mejoras, que según nuestra fuente, demuestran la posesión de su familia durante varios años.

La denuncia de este desalojo sin orden judicial fue presentada ante el Ministerio Público, a cargo del fiscal José Luis Casaccia, quien mencionó que el brasileño Sergio Cassio, por su parte, también arrimó otra denuncia, donde alega ser dueño de las tierras en disputa.

“La investigación recién comienza y una vez que se aclare a quién pertenece la propiedad, determinaremos si en verdad hubo o no desalojo por la fuerza”, sostuvo el fiscal.

En el Alto Paraguay, son constantes los conflictos de tierras. Precisamente, un grupo de misioneros católicos del Vicariato Apostólico del Chaco ya había denunciado sobre el despojo sistemático de tierras en complicidad de instituciones públicas y poderes políticos, en desmedro de familias compatriotas.

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