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Uno de los líderes campesinos, Andrés Brizuela, afirmó que el ente no tiene razón de ser, pues no cumple con su rol de propulsor del “desarrollo rural y de la tierra”. “Para defender los derechos de los paraguayos en materia de tierras, no nos sirve. El presidente (Cárdenas) se tiene que poner los pantalones y hacer valer nuestro derecho, lo que nosotros estamos reclamando. Yo pagué, tengo mi cancelación y por qué no puedo acceder a mi título..., porque el Indert desconoce las boletas de pago”, afirmó.
Hizo referencia al origen ilegítimo de muchos títulos de propiedad de Guahory y puso como ejemplo la denuncia contra el funcionario del Indert Armando Díaz Solís, quien vendió lotes a su parientes (madre y hermanos), para luego poder revenderlos a brasileños.
“Vemos que los bandidos están mejor que los que queremos hacer bien las cosas y luchamos por nuestros derechos. Estamos como fugitivos, sin casa, los niños están sin escuela. Yo soy uno de los pioneros de la colonia. Estoy hace 28 años allí y este presidente mandó desalojarnos dos veces en menos de cinco años. Tengo mis documentos, todos pagados. También presentamos facturas de la ANDE para mostrar la antigüedad real de la gente en el lugar, que no estamos hace dos años como quieren hacer creer, eso es una mentira. Hay gente que está hace 25, 17 y 15 años”, resaltó el labriego.
Finalmente, el vocero de los campesinos informó que quedarán frente a la sede del ente agrario por tiempo indefinido, hasta que se encuentre una solución definitiva para unas 200 familias. “Pueden haber enfrentamientos porque las instituciones no funcionan. Pero vamos a morirnos parados”, advirtió Brizuela.
A su turno, el presidente del Indert reconoció que los labriegos en cuestión son beneficiarios de la reforma agraria, pero alegó, como en ocasiones anteriores, que los títulos expedidos sobre 1.200 Ha de Guahory en su mayoría están inscriptos en Registros Públicos, por lo que ya no pueden ser transferidos a los campesinos. “Son títulos legales que ya no se pueden discutir, al menos por la vía administrativa”, afirmó Cárdenas en conversación con la prensa.
Dijo que la propuesta del instituto es conseguir tierras para reubicar a las familias desalojadas y que esto no obsta para, eventualmente, iniciar juicios de nulidad de título, con apoyo de la Procuraduría, en el caso de que se encuentren vicios en origen. Aunque también alegó en otro momento que esa “no es función misional de la institución”.