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Mariángela visitó nuestra redacción para alertar sobre esta aparente mafia que opera en connivencia con funcionarios inescrupulosos de la Comuna y del Poder Judicial. Según explicó, su hermana María Rosa adquirió un inmueble en 1998, identificado como Finca N° 8.847, cuenta corriente catastral 27-0513-07, por el que venía pagando regularmente los impuestos. Corresponde al lote 7 de la manzana 513, zona 27 de Luque.
Quince años después, en junio de 2013, los señores Alexander David Kiss y Cecilia María Cabello Gorsh adquieren una propiedad de dudoso origen, cuyo título hace referencia solo a un padrón, N° 24.063, sin cta. cte. catastral ni los demás números. Estas personas ubican su documento de propiedad sobre el inmueble de Martínez, pese a las diferencias entre un título y otro, con linderos diferentes y que además, en un trabajo de georreferenciamiento, se verifica que no se superponen.
Aún así, según los datos, Kiss y Cabello comenzaron a construir en la propiedad de Martínez cinco viviendas tipo dúplex. Ante esto, el representante de la afectada, Abog. Amelio Calonga, promovió un juicio de reivindicación de inmueble y en el marco del proceso consiguió una medida cautelar de no innovar, dictada por el juez Enrique Sanabria, recusado posteriormente por los demandados.
Kiss y Cabello continuaron la obra a pesar de la restricción jurídica y no solo la terminaron sino que después alquilaron. La jueza María Cristina Escauriza, designada para la causa, verificó in situ la violación de la medida cautelar y lo denunció ante el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, de la Unidad Penal N° 5 de Luque.
Según datos del expediente, el agente fiscal impuso a los transgresores una sanción irrisoria, que consistía en donar 10 cajas de leche a una entidad de beneficencia, y estos cumplieron la “pena” reconociendo que estaban en falta. Empero, al no aclarar en qué momento terminaba el desacato, la resolución del fiscal Ruiz Díaz habilitó a los demandados a que sigan cometiendo la infracción indeterminadamente.
La jueza Escauriza llegó a pedir informes de oficio a Registros Públicos, Catastro, la Municipalidad de Luque, y todos los documentos confirmaron que la propiedad se encontraba inscripta a nombre de Martínez. Sin embargo, cuando el juicio de reivindicación llegó a la instancia de autos para sentencia, tomó el caso el juez interino de Lambaré Joel Melgarejo y, pese a todas las pruebas, se expidió a favor de la parte demandada.
De acuerdo con los informes, el “título” de Kiss y Cabello tiene un dudoso origen; lo compran en 2013 de Carlos Adolfo Ortiz Vera, quien a su vez adquirió de un tercero a través de una escritura pública hecha en Paraguarí y pasada ante la escribana Erodita Núñez Díaz, hoy fallecida, quien estuvo procesada y presa por fraude y adulteración de documentos, y cuyo protocolo supuestamente ha desaparecido. Para validar la gestión cambiaron el padrón en el juzgado de Silvino Delvalle, de Asunción, enjuiciado y cesado de sus funciones por tener un oscuro historial.
Nuestro diario se comunicó ayer con el Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli, abogado de los demandados, pero no respondió la llamada y mensaje a su celular con terminación 000.
Juez está “tranquilo”
ABC conversó ayer con el juez Joel Melgarejo, quien alegó que su resolución está basada en los documentos arrimados por las partes. “Yo estoy tranquilo con esa resolución, no fue antojadiza, sino que está 100% conforme a la ley”, aseguró.
Aún habiendo diferencias entre los títulos de propiedad de Martínez y de los demandados, Melgarejo insistió en que, a su criterio, en el caso hay “superposición”. Por eso primó el derecho de quien tenía la posesión, aún a costa de la violación de una medida cautelar. Insistió en que está tranquilo y que, en todo caso, los camaristas de Apelaciones analizarán si su resolución corresponde o no.