Denuncian pago ilegal de Copaco a firma SST

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) de la Copaco denunció ayer ante la Fiscalía un probable hecho de lesión de confianza en la empresa del Estado. Tiene que ver con una multa de G. 600 millones aplicada por incumplimiento de contrato a la empresa Security Service Tecnology (SST), de Óscar Chamorro Lafarja, a la que después terminaron devolviendo G. 355 millones de ese total.

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Aunque el sindicato radicó la denuncia contra personas innominadas, detalló en su escrito que la multa fue impuesta durante la gestión de Eduardo Nery González Martínez y que fue devuelta bajo la actual administración, presidida por Sante Vallese Verdolini. 

Menciona, asimismo, a los miembros del directorio Nilton Amarilla, Juan Carlos Duarte, Justo Manuel Marecos y Miguel Ángel Torres. Explica que la sanción fue impuesta a la empresa de seguridad de Chamorro Lafarja a principios del año 2018, pero luego del cambio de gobierno y del directorio de la compañía, en diciembre último la actual administración resolvió devolver G. 355 millones.

Sobre este caso, funcionarios de la compañía ya habían explicado a ABC hace un par de semanas que la actual administración dispuso la devolución de una parte de la multa a la contratista luego de ir a un avenimiento ante Contrataciones Públicas. 

El dinero pagado correspondía a una parte de la multa que le impusieron debido a una serie de incumplimientos del contrato firmado en diciembre de 2017, cuyo monto ascendía a US$ 4,5 millones. Entre los incumplimientos se mencionaron los elementos que debían tener los guardias de seguridad y para justificar la devolución, en Copaco alegaron que no fiscalizaron bien dichos elementos para aplicar la sanción. 

Carmen Irala, secretaria general del gremio de funcionarios, calificó de ilegal la devolución de la plata teniendo en cuenta las fechas. Pasaron ocho meses entre la aplicación de la sanción y el retorno de parte del dinero. El año pasado, el mismo sindicato había denunciado a Nery González por un aparente negociado con la empresa DC Ingeniería, de Luis Duarte Luraghi, en la tercerización de las centrales de Villa Morra y Fernando de la Mora.

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