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Munidas de biblioratos con más de 1.000 fojas de documentación, las abogadas Leticia Almada Paoli, Kattya González y María Esther Roa, estas dos últimas del Colegio de Abogados del Paraguay, llegaron ayer hasta nuestra redacción para denunciar el “grave despojo” al Estado desde la administración actual del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Se trata de la compra que autorizó Cárdenas de una propiedad que en el pasado ya se había vendido casi en su totalidad y cuya dimensión fue “agrandada” a través de producciones de documentos y, recientemente, revendida al ente agrario, pese a que esa superficie no existe y a que ni siquiera hay campesinos beneficiarios.
El caso tiene que ver con la finca 172 de San Pedro de Ycuamandyyú (San Pedro), de 4.383 Ha, cuyo título data de 1977. Parte de estas tierras fueron vendidas a privados y una fracción de 1.231 Ha fue expropiada por ley 52/89. Luego de esas transacciones, solo sobraron poco más de 800 Ha.
Extrañamente, según los documentos que mostraron las abogadas, en el año 2012 aparecieron supuestos herederos de esa misma finca y a través de una mensura judicial, tramitada ante el juez Guillermo Lezcano de San Pedro de Ycuamandyyú, “encontraron” que la propiedad contaba con 7.921 Ha, casi el doble de lo que medía la finca original.
En Catastro y en Registros Públicos inscribieron esa mensura como finca 172, padrones 5587, 5588, 5589, 5590 y 5591, correspondientes a fracciones 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Así, en los papeles hicieron figurar tierras inexistentes, blanqueando la producción de documentos, según lo explicado.
Compras de Cárdenas
Hace tres años, estos “herederos” que aparecieron repentinamente después de décadas, ofrecieron al instituto agrario las supuestas tierras que solo existen en los papeles y, a través de la Resolución 1874/14, Justo Pastor Cárdenas autorizó la compra de la finca en cuestión, en sus fracciones 2, 3, 4 y 5.
Los documentos que están disponibles en Contrataciones Públicas muestran que se trató de una compra directa por vía de la excepción por G. 8.919 millones (1,590 millones de dólares). El pago de este dinero consta, además, en la factura a nombre de la empresa “Milciades Concepción Sosa Quiñónez y Otros - Condominios” (ver facsímil).
Pero el “negocio” de Cárdenas no terminó allí, sino que al año siguiente, a través de otra contratación adquirió la fracción restante, la Nº 1, por G. 8.862 millones (1,580 millones de dólares). A través de una solicitud de informe del Colegio de Abogados, el Ministerio de Hacienda informó sobre la transferencia realizada al Indert.
Almada Paoli señaló que como si lo ya citado fuera poco, esta última compra que hizo Cárdenas corresponde a una superficie de la colonia Barbero Cue (San Pedro), que son tierras donadas por Italia en el año 2012 para los ocupantes de hecho, sujetos de la reforma agraria. Vale decir, eran terrenos que ya estaban donados para los campesinos pero por las cuales Cárdenas pagó una millonaria suma. “Es sumamente grave que se produzcan estos tipos de defraudación al Estado paraguayo y sumamente vergonzoso que unas tierras donadas para humildes compatriotas sean objeto de despojos ilegales”, añadió.
A su vez, la abogada González adelantó que exigirán a la Fiscalía una investigación “que desmonte la corrupción en el Indert”.
“En nombre de la causa campesina, del desarrollo rural, de los hermanos del campo se ha robado de manera histórica en instituciones vinculadas a potenciar políticas públicas del sector rural. Tal es el caso que venimos a presentar que involucra al Indert”, dijo.
ABC quiso conversar con Cárdenas, pero las llamadas a su número telefónico con terminación 211 se derivaban a la contestadora.