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Denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos los delitos cometidos por directivos de firmas casi siempre unipersonales montadas para proveer "de todo" al Estado paraguayo. La presentación se basa en publicaciones de ABC Color que desnudaron los entretelones de un negociado de larga data y que pese al cambio prometido por el Gobierno. sigue "gozando de buena salud".
El abogado de la matrícula Secundino Méndez Duarte, por derecho propio, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos en contra de los principales directivos de las firmas Distribuidora Preciosa, Distribuidora Don Raúl y Distribuidora Fénix.
La presentación afecta al matrimonio conformado Por Nancy L. Godoy A. y su marido Raúl Alberto Rodríguez, quienes abrieron las citadas razones sociales para proveer "de todo" a distintas reparticiones del Estad paraguayo.
El mecanismo utilizado por los involucrados desde hace casi unos 15 años es presentarse a las licitaciones realizadas y ofertar un precio tan bajo que es imposible igualar por los eventuales competidores, ya que hasta es inferior al precio de costo correspondiente.
Esto parecería un contrasentido, pero una vez ganados los concursos de precios o licitaciones, casi siempre la provisión es apenas parcial mientras que el saldo se cubre con documentos fabricados a fin de presentar una fachada legal en cada caso.
Al efecto y por lo menos en los casos publicados por ABC Color los responsables cuentan con la complicidad o coparticipación de funcionarios estatales que se prestan al negociado conocido como 60% - 40%.
Esto significa que las citadas firmas solamente proveen como fachada si es que se entrega una parte ínfima de las mercaderías licitadas documentos con apariencia legal por el total del monto contratado.
Por esta "provisión" se quedan con el 60% del monto del contrato, mientras que entregan el restante 40% a los funcionarios infieles para que estos usen una mínima parte del dinero en adquirir mercaderías "de fachada" y se embolsen el resto.
Las publicaciones de ABC Color desnudaron este tipo de trato por lo menos en el lapso 2004-2008, principalmente con las distintas penitenciarías del país (Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro. Ciudad del Este, etc.).
El negociado se evidenció cuando solamente con fondos provenientes de la cuenta Nº 248916/001, de Distribuidora Preciosa del Lloyds Bank, hoy HSBC, sucursal San Lorenzo los responsables del negociado transfirieron por lo menos G. 340.000.000 a los entonces directores de los respectivos penales.
Los sospechosos pagos se hicieron a través de transferencias detectadas en el BNF, Visión, Cooperativa Universitaria, Lloyds, etc.
Los beneficiarios de las sospechosas transferencias fueron: Luis Villagra Vera (Penitenciaría CDE), Rodolfo Julián Bernardet (PJC), Gerardo Mena Colmán (Concepción), Miguel Ferreira Santacruz (Concepción), Wilfrido Ortega (Concepción), entre otros.
La responsable de Distribuidora Preciosa pretendió justificar estos sospechosos pagos diciendo que los mismos fueron realizados por empleados suyos infieles, a quienes ya despidió, aunque no pudo explicar las razones que tendrían los mismos para realizar tales remesas multimillonarias de dinero.
En este mismo esquema de 60% - 40% se encuentran contratos con unidades militares como el Comando de Ingeniería (Cominge), en el que se menciona como beneficiario de los pagos al Cnel. Moscarda, según los documentos internos de la citada firma comercial.
Otra unidad militar mencionada es la Dirección del Servicio Geográfico Militar (Disergemil), donde el uniformado mencionado como involucrado es el Cnel. o Gral. Escobar, así como el funcionario militar Oscar Pérez.
Otras entidades con las que las citadas firmas mantuvieron relación comercial fueron Diserinte, INC, etc.
Actualmente, el citado "grupo" tiene contratos que en su conjunto superan los G. 28.000.000.000 con reparticiones tales como el MEC, Gobernación de Caaguazú, Gobernación de Boquerón, etc.
Calificación
En su presentación, el denunciante califica la conducta de los responsables de los hechos citados como incursa en lo penado por el Art. 284 del CPP (ESTAFA, COHECHO PASIVO AGRAVADO Y SOBORNO AGRAVADO). Pide a la Fiscalía de Delitos Económicos que profundice la investigación e "impulse todos los actos de investigación que resulten necesarios para formalizar el acta de imputación respectiva contra los prevenidos".
El abogado de la matrícula Secundino Méndez Duarte, por derecho propio, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos en contra de los principales directivos de las firmas Distribuidora Preciosa, Distribuidora Don Raúl y Distribuidora Fénix.
La presentación afecta al matrimonio conformado Por Nancy L. Godoy A. y su marido Raúl Alberto Rodríguez, quienes abrieron las citadas razones sociales para proveer "de todo" a distintas reparticiones del Estad paraguayo.
El mecanismo utilizado por los involucrados desde hace casi unos 15 años es presentarse a las licitaciones realizadas y ofertar un precio tan bajo que es imposible igualar por los eventuales competidores, ya que hasta es inferior al precio de costo correspondiente.
Esto parecería un contrasentido, pero una vez ganados los concursos de precios o licitaciones, casi siempre la provisión es apenas parcial mientras que el saldo se cubre con documentos fabricados a fin de presentar una fachada legal en cada caso.
Al efecto y por lo menos en los casos publicados por ABC Color los responsables cuentan con la complicidad o coparticipación de funcionarios estatales que se prestan al negociado conocido como 60% - 40%.
Esto significa que las citadas firmas solamente proveen como fachada si es que se entrega una parte ínfima de las mercaderías licitadas documentos con apariencia legal por el total del monto contratado.
Por esta "provisión" se quedan con el 60% del monto del contrato, mientras que entregan el restante 40% a los funcionarios infieles para que estos usen una mínima parte del dinero en adquirir mercaderías "de fachada" y se embolsen el resto.
Las publicaciones de ABC Color desnudaron este tipo de trato por lo menos en el lapso 2004-2008, principalmente con las distintas penitenciarías del país (Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro. Ciudad del Este, etc.).
El negociado se evidenció cuando solamente con fondos provenientes de la cuenta Nº 248916/001, de Distribuidora Preciosa del Lloyds Bank, hoy HSBC, sucursal San Lorenzo los responsables del negociado transfirieron por lo menos G. 340.000.000 a los entonces directores de los respectivos penales.
Los sospechosos pagos se hicieron a través de transferencias detectadas en el BNF, Visión, Cooperativa Universitaria, Lloyds, etc.
Los beneficiarios de las sospechosas transferencias fueron: Luis Villagra Vera (Penitenciaría CDE), Rodolfo Julián Bernardet (PJC), Gerardo Mena Colmán (Concepción), Miguel Ferreira Santacruz (Concepción), Wilfrido Ortega (Concepción), entre otros.
La responsable de Distribuidora Preciosa pretendió justificar estos sospechosos pagos diciendo que los mismos fueron realizados por empleados suyos infieles, a quienes ya despidió, aunque no pudo explicar las razones que tendrían los mismos para realizar tales remesas multimillonarias de dinero.
En este mismo esquema de 60% - 40% se encuentran contratos con unidades militares como el Comando de Ingeniería (Cominge), en el que se menciona como beneficiario de los pagos al Cnel. Moscarda, según los documentos internos de la citada firma comercial.
Otra unidad militar mencionada es la Dirección del Servicio Geográfico Militar (Disergemil), donde el uniformado mencionado como involucrado es el Cnel. o Gral. Escobar, así como el funcionario militar Oscar Pérez.
Otras entidades con las que las citadas firmas mantuvieron relación comercial fueron Diserinte, INC, etc.
Actualmente, el citado "grupo" tiene contratos que en su conjunto superan los G. 28.000.000.000 con reparticiones tales como el MEC, Gobernación de Caaguazú, Gobernación de Boquerón, etc.
Calificación
En su presentación, el denunciante califica la conducta de los responsables de los hechos citados como incursa en lo penado por el Art. 284 del CPP (ESTAFA, COHECHO PASIVO AGRAVADO Y SOBORNO AGRAVADO). Pide a la Fiscalía de Delitos Económicos que profundice la investigación e "impulse todos los actos de investigación que resulten necesarios para formalizar el acta de imputación respectiva contra los prevenidos".