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Afectados por la medida junto con dirigentes de la Organización Nacional Campesina y de la Junta Municipal de San Pedro del Paraná, en visita a este diario, explicaron pormenores del hecho lamentable.
La orden de desalojo fue dictada por la jueza Francisca Aquino basada en un pedido de desalojo de supuestos dueños de la tierra. Wilfrido López dijo que indagaron respecto a la orden de desalojo. Encontraron que una persona de nombre Akihiro Ikemoto había adquirido 50 hectáreas en el citado lugar, pero en los papeles figura como que no tiene cédula de identidad y que además, agregó, el citado cuenta con 22 denuncias de estafa, 18 órdenes de captura y según informe policial sigue viviendo en Paraguay.
Ikemoto habría comprado las tierras de Cándido Custodio Servián, luego aparece como propietario Carmelo Agustín Ramírez Garamendi. “Averiguamos y encontramos que este señor no existe en el Paraguay. Su número de cédula, que aparece en el título, es de otra persona, le corresponde a un anciano, Campuzano García, de Quiindy, tiene 102 años, hace rato había fallecido”, expresó López. Pidieron la intervención del Indert a fin de que se aclare la situación. También acudieron a la comisión de Reforma Agraria del Senado. “Prometieron ir a interiorizarse de los hechos”, dijo.