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En visita a nuestra redacción, los rematadores públicos Julio Rivarola, Isabelino López Cristaldo y Édgar Acuña cuestionaron los requisitos exigidos por el Indert, “que coartan el derecho a participar”.
En los remates públicos exigen a los concursantes únicamente contar con matrícula expedida por la Corte Suprema de Justicia y tener experiencia mínima de tres años, según el Art. 1° del decreto N° 6529/11. Pero en el instituto agrario pidieron que los rematadores tengan libro diario de entrada y salida y cuentas de gestión, que son requisitos más bien para comerciantes. También pusieron como condición tener página web y hasta presentar carta de garantía de una aseguradora que certifique la posibilidad del concursante de extender una póliza de caución a favor del ente.
Asimismo, mientras el citado decreto establece que una vez cumplidos los requisitos básicos, los concursantes deben participar de un sorteo para contratar al que salga ganador, en el ente rural establecieron un mecanismo de puntuación que, además de no ser confiable, es irregular, apuntaron.
El llamado fue impugnado por rematadores interesados, lo que causó que el Indert saque los requisitos fuera de lugar, pero en contrapartida introdujo nuevas cláusulas igualmente irregulares y subjetivas, según la denuncia, como la preselección de participantes “sobre la base de la idoneidad y profesinonalidad (sic)”.